La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto ha pedido a la jueza de instrucción que investiga el caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, que vete o excluya del sumario todos aquellos correos electrónicos que se han pedido a Estados Unidos y que están relacionados con asuntos familiares o conversaciones en las que interviene su abogado. Advierte de que podría haber consecuencias como las de las escuchas del caso Gurtel, ordenadas por Baltasar Garzón.

La jueza de instrucción María Ángeles Jiménez ordenó el 14 de diciembre que se tramitara una ampliación de la comisión rogatoria a Estados Unidos para tener acceso a una lista concreta de los correos electrónicos privados de Isabel Nieto que habían sido seleccionados por la Policía como pertinentes para la investigación. La defensa de Nieto ha enviado ahora un escrito al Juzgado en el que advierte de la necesidad de excluir esa información, si finalmente llega, de modo que ni la Policía tenga acceso a algunos de los correos.

La exedil de Urbanismo propone entregar el contenido que afecta a su esposo y su hijo

En el periodo seleccionado para investigar la correspondencia electrónica de la exedil, ésta ya estaba siendo investigada en el caso Serrallo (que instruye la misma magistrada del Nazarí), de ahí que entre los correos que podrían llegar de Estados Unidos hay algunos intercambiados entre otros investigados (que también coinciden en ambas causas judiciales). Éste es el motivo esgrimido por la Policía para pedirlos en la comisión rogatoria. Pero Nieto explica ahora que esos emails son en su mayoría "grupales" y en esas conversaciones participaba su letrado común, pues trataban sobre el caso Serrallo, según explica la propia Isabel Nieto en su escrito.

Esta causa partió de una denuncia en Fiscalía de 2013 y comenzó formalmente en febrero de 2014 con la apertura de diligencias de investigación penal por parte del Juzgado de Instrucción 2 de la capital. Desde ese momento hasta que se inició el caso Nazarí, en 2016, algunos de los investigados que comparten o compartían entonces abogado (Isabel Nieto, Manuel Lorente y otros altos cargos de Urbanismo) habrían intercambiado correos electrónicos privados para tratar sobre el tema del Serrallo, según explica la exedil. Ella exige que se extraigan del sumario y que solo la jueza tenga acceso reservado a esas comunicaciones, pues lo contrario supondría, a su juicio, vulnerar sus derechos.

La defensa de Nieto alega, entre otras consideraciones legales, que podría ocurrir en ese asunto como en el caso Gurtel, en el que el juez Garzón autorizó grabaciones entre los investigados y sus abogados en prisión. Las escuchas fueron anuladas y el magistrado fue apartado y condenado por ello. "Aunque se refiere a un supuesto diferente de escuchas de comunicaciones verbales, entendemos que resulta extrapolable a lo que aquí nos atañe", agrega el escrito de Nieto en clara advertencia a la juez.

Como primer fruto de la comisión rogatoria solicitada a Estados Unidos para acceder al correo privado de gmail de Nieto, el Juzgado recibió en septiembre pasado un listado de correos de la exedil, aunque no estaba su contenido, si no una especie de ficha técnica de cada comunicación para que, con esa información, los investigadores pudieran discriminar los correos que consideraban pertinentes para la causa. A la vista de esos datos (remitente, destinatario, fecha…), la Policía elaboró un listado de correos para ampliar la comisión rogatoria y recibir el contenido de las conversaciones.

Entre los correos seleccionados, además de los que Nieto intercambió con otros investigados de esta causa, había otras comunicaciones con sus familiares.

La que fue concejal de Urbanismo del exalcalde José Torres Hurtado exige ahora que sean eliminados de la causa los emails relacionados con su hijo y su esposo, al considerar que ninguno de ellos está vinculado a esta investigación. Es más, Nieto propone entregar voluntariamente a la juez (para su exclusiva supervisión) el contenido completo de sus conversaciones con estos familiares, de modo que ella misma pueda comprobar la ausencia de relevancia para el caso Nazarí.