Nueva ronda de declaraciones por el acoso laboral a la anterior cúpula de la Policía Local

  • El juez cita para el 6 de mayo a Luis de Haro-Rossi, que denunció el caso ante la Fiscalía

El juez de Instrucción 2 ha citado a declarar el 6 de mayo al jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi, por la denuncia que interpuso en Fiscalía junto a los anteriores mandos de la Policía Local contra la actual cúpula por supuesto acoso laboral, que derivó en una denuncia del fiscal a los actuales jefes.

El mismo día tendrá que comparecer José Antonio Moreno, intendente de la Policía Local, y el 28 de abril Jacinto Sánchez, antiguo inspector de la Policía Local y portavoz, y Manuel Donaire, intendente del mismo cuerpo. Todos ellos, anteriores responsables de la Policía Local durante el gobierno municipal de mayoría socialista, denunciaron el relevo o cese "fulminante" de sus cargos por el gobierno de José Torres Hurtado (PP).

Los denunciados -el que fuera jefe de la Policía Local, Antonio Bezares, recientemente fallecido; Luis Viciana, que asumió el cargo de éste tras su muerte, y el intendente mayor Mariano Valbuena- negaron en sus declaraciones ante el juez en noviembre y diciembre del pasado año haber acosado, ninguneado o perjudicado a los anteriores mandos.

Los acontecimientos objeto de denuncia -ceses, expedientes, reubicaciones, posibles amenazas- constituyen "conductas de hostigamiento" que persiguen crear en sus destinatarios "situaciones que contempla la norma penal", según el fiscal, pese a que no regula el Código Penal de forma autónoma el acoso laboral o mobbing, que se entiende como una forma de trato degradante.

La numerosa apertura de expedientes de investigación y disciplinarios, con incidencias en su forma de tramitación y resolución y la "marginación" a la que han estado sometidos en las sucesivas reorganizaciones policiales los denunciantes, en situaciones de "descrédito" incluso ante sus subordinados, configuran, "objetivamente" una situación de acoso.

Entiende el fiscal que las conductas denunciadas suponen una "grave injerencia" en el ámbito de la integridad moral, de la que, aún cuando no lo exija la norma penal, es buena prueba los padecimientos psicológicos que sufren algunas de las presuntas víctimas.

Respecto a la participación del alcalde, quien, según los denunciantes, podría haber "permitido" o "auspiciado" dichas conductas al ser el jefe máximo de la Policía Local, el fiscal indica que el Derecho Penal "no puede basarse en sospechas" o "presunciones derivadas" de las responsabilidades de un cargo, sino que necesita "indicios relevantes" de su participación bien como promotor o consentidor.

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