Las nuevas pesquisas policiales sobre el caso de las supuestas adjudicaciones a dedo en la Alhambra incriminan a la anterior directora del monumento, María del Mar Villafranca, que podría haber percibido fondos de algunas empresas que prestaban servicios para el Patronato que gestiona el recinto nazarí.

El último informe policial relacionado con la causa que instruye el juez Antonio Moreno, conocido como el caso de las audioguías, incide en las posibles actividades delictivas de Villafranca al participar en la adjudicación de contratos "a personas íntimamente relacionadas con ella" y que pudieron favorecerla mediante retribuciones económicas.

En la investigación patrimonial que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está llevando a cabo sobre las 17 personas implicadas en esta causa, la Policía ha obtenido de la Agencia Tributaria pruebas de que la exdirectora de la Alhambra tuvo vínculos económicos con dos de las empresas que están bajo sospecha por ser adjudicatarias de la Alhambra y tener relaciones con las personas que decidían sobre su contratación.

El informe policial remitido al Juzgado de Instrucción 4, al que ha tenido acceso este periódico, detalla que Hacienda establece relaciones de "retenedor, indicador de pagos o indicador ingresos" entre Villafranca y la empresa Nomade SL, de la que ya se habían desvelado relaciones con otros investigados en la supuesta organización "criminal".

"Igualmente la investigada percibió salarios de la mercantil Azafatas de Congresos Alhambra SL", otra empresa de la que se han encontrado relaciones con otros investigados, como la secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro. Sus hijas fueron empleadas de esta mercantil que ahora también se vincula económicamente con Villafranca.

Las sospechas de la Policía hacia la exdirectora del monumento también están relacionadas con su patrimonio económico. El informe señala que su alto nivel de vida no es del todo desacorde con sus ingresos; pero los agentes encargados de estas pesquisas están analizando todas las cuentas bancarias de la investigada y en un primer momento aprecian algo sospechoso, que es la falta de reintegros de sus cuentas para pagar sus gastos. De ahí que la Policía sospeche que la exdirectora podría manejar dinero en efectivo "no declarado" o "que no ha sido extraído de sus cuentas bancarias".

Sobre las retribuciones de Villafranca que constan en Hacienda de las empresas antes citadas, la Policía sostiene en su informe que "podrían ser indiciarios de otros no declarados o percibidos indirectamente o en especie". De ahí que los agentes pidan al Juzgado "ahondar en las investigaciones" sobre el patrimonio de las personas y empresas que aparecen en estas relaciones expuestas.

Este caso ha ido tomando cada vez más relieve conforme la Policía fue abundando en sus investigaciones. El origen de la causa penal, que se inició en julio del año pasado, está en una querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento. Esto dio lugar a la detención policial de María del Mar Villafranca, que justo después dimitió de su cargo como directora de la Alhambra.

Al concluir la Policía más tarde que podría haber supuestas anomalías en otras contrataciones y existir una trama para adjudicarlas ilegalmente a amigos y conocidos, el juez amplió este verano el número de personas investigadas hasta 16 (diez más que hasta entonces), así como 8 empresas que tenían relaciones con el Patronato de la Alhambra y con personas de su organigrama.

Los delitos apreciados de forma indiciaria son ocho. Los tres que se observaron en un principio eran prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. A ellos, les sumó en junio otros cinco posibles ilícitos "conexos": falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

Recientemente el juez amplió aún más (17) el número de investigados, al incluir en la supuesta trama a una empresaria que presuntamente jugaba "un papel fundamental" en la gestión del monumento. La empresaria en cuestión, cuyas iniciales son B.P.P., es una "íntima amiga" de la exdirectora y, a juicio de la Policía, habría sido "creadora de las líneas estratégicas del Patronato (PAG), como definidora de las necesidades a cubrir contractualmente por el PAG, como gestora del propio Patronato por delegación de sus dirigentes máximos".

Esta presunta "organización criminal" estaría "pensada y conformada especialmente por el señor Visedo y la señora Chamorro" -que eran el jefe de la Sección Económica y Contabilidad y la secretaria general del PAG en las fechas investigadas-, y contaría con la participación "concertada e indispensable" del resto de personas implicadas. En el auto del juez de este verano, la participación de la exdirectora de la Alhambra estaba muy difuminada, al no encontrarse aún pruebas de su implicación en adjudicaciones irregulares.

Pero en el nuevo informe policial la figura de Villafranca volvería a estar en el punto de mira, como parte de la cúpula que organizaría esta trama, junto a José María Visedo y Victoria Chamorro, de los que la Policía encuentra nuevos elementos de sospecha por el análisis de su patrimonio.