Durante las tres sesiones del juicio por prevaricación contra José Luis del Ojo, el ex concejal de Urbanismo de Ogíjares tomó notas de cada intervención de la fFiscalía y de las acusaciones particulares. Sin embargo, cuando el juez le dio la palabra al finalizar las conclusiones de los letrados, el acusado afirmó que "tenía muchas anotaciones, pero las voy a obviar. Lamento profundamente que por causas políticas y por rencillas personales se les haya hecho a ustedes, a la Justicia, perder el tiempo y el dinero". Además, el ex diputado nacional agregó que "la acusación no ha intentado buscar la verdad, sino mi inhabilitación política, que llevo ya sufriendo cinco años".

Las partes elevaron ayer sus conclusiones a definitivas y el juicio, que comenzó el pasado 25 de noviembre, quedó visto para sentencia en su tercera sesión. La Fiscalía mantuvo su petición de 11 años de inhabilitación para Del Ojo, por delito continuado de prevaricación. Por su parte, tanto el abogado de la acusación particular que representa al PSOE, como el letrado que se persona en nombre del Ayuntamiento de Ogíjares pidieron 18 años de inhabilitación, nueve por cada delito que se le imputa.

Con respecto a la acusación de prevaricación en el fraccionamiento y adjudicación de obras supuestamente menores, ejecutadas en agosto de 2005 cuando Del Ojo era alcalde en funciones, el fiscal aseguró que el responsable de la contratación de la empresa era el imputado. Además agregó que "no se había seguido el procedimiento adecuado" en la contratación "a propósito".

Las acusaciones particulares aludieron en sus conclusiones a un informe pericial, que certificaba que las obras habían sido fraccionadas de manera irregular "con la intención de adjudicarlas a una empresa, eludiendo la publicidad en la contratación". "Para que una obra pueda ser fraccionada, cada lote debe tener sustantividad propia, es decir, que debe entrar en uso a la finalización de la misma", aseguró el perito, que explicó su informe ante el tribunal.

En el caso de la plaza Veracruz, se presentaron siete facturas por tareas como "demolición", "excavaciones", "pavimentación", "cableado", "alcantarillado" o "adoquinado", que, a juicio del perito, no tenían entidad individual suficiente como para poder considerarse obras menores independientes. Además, "se realizaron en el mismo sitio, con el mismo tiempo de ejecución, por la misma empresa y dependían la una de la otra", por lo que, según el técnico, no podían ser fraccionadas.

Para que una obra fuese considera menor, y por tanto pudiese ser adjudicada directamente a una empresa, el importe de la factura debía ser inferior a 30.000 euros. La suma de todos de los trabajos menores realizados por García Megías para el Ayuntamiento ascendía a más de 800.000 euros.

Además, según las pruebas documentales "todas fueron adjudicadas y firmadas por el señor Del Ojo", algo que siempre ha negado el ex concejal, asegurando que "casi nunca estaba en el Ayuntamiento" y que "tenía sus competencias urbanísticas y de contratación delegadas en la Junta de Gobierno".

Con respecto al otro delito de prevaricación que se le imputa, la adjudicación de la casa de la cultura a la empresa UCOP, la fiscalía y la acusación particular coincidieron en recordar las declaraciones de testigos que destacaron el "papel preponderante de Del Ojo en el Ayuntamiento" y su total libertad para "hacer y deshacer". Repitieron que todos, excepto Del Ojo, habían reconocido el compromiso previo con la empresa para adjudicarle el proyecto, ya que "le debían mucho dinero por haber ganado un pleito al Consistorio". Al parecer, en 2002 habían realizado un proyecto para otra Casa de la Cultura que al final no se había realizado. La acusación particular hizo hincapié en el elevado perfil intelectual de Del Ojo, el pleno conocimiento de la ley demostrado durante la primera sesión del juicio y alegó "que era imposible que no hubiese intencionalidad de ir contra las normas".

Por su parte, la defensa pidió la libre absolución del acusado y solicitó a la Sala que examinase las declaraciones de algunos testigos, que afirmaban que no había expedientes ni informes de ninguna de las obras. El letrado alegó que todos los documentos están completos y adjuntos en el expediente de la causa y pidió a la sala que considerase si los testigos "podrían estar incurriendo en un delito de falso testimonio en causa criminal". El abogado de Del Ojo recordó que el acusado es médico y justificó los conocimientos jurídicos de su cliente en que "en los seis años que lleva condenado a la pena de banquillo da tiempo suficiente a aprenderse todo el procedimiento".