El empresario promotor del Centro Nevada, Tomás Olivo, ha solicitado al juez autorización para concluir la estructura del edificio mediante la instalación de la cubierta al objeto de evitar accidentes como el ocurrido el pasado mes de agosto.

En nombre de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, que se encuentra imputado junto con el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y al ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate por un presunto delito contra la ordenación del territorio, asegura que desde que el juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, decretara en abril la paralización total e inmediata de las obras del centro Nevada el edificio "ha venido sufriendo un progresivo deterioro que pone incluso en peligro a terceras personas".

Aunque ya existe un auto con fecha de octubre en el que se rechaza la petición de concluir las obras de la estructura y cerramiento por entender que perseguían la terminación del edificio, el empresario insiste en su solicitud y echa mano del informe emitido por un perito experto en estructuras metálicas que aconseja la instalación de la cubierta al objeto de que "la estructura no se deteriore por la acción de los agentes atmosféricos". Con anterioridad a este informe, el director de la obra avisaba que si se prolongaba la situación precaria del edificio existía un riesgo de desprendimiento que podía ser "dramático" por la presencia continua de personas que residen en las viviendas colindantes o que transitan por la carretera.

Fue el pasado 25 de agosto cuando una chapa del edificio del Centro Comercial Nevada salió despedida por el fuerte viento que la arrastró más de cien metros hasta estrellarse en el tejado de una casa cercana sin que ocasionara daños a personas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ya advirtió en el mes de mayo que había materiales amontonados que se podían desprender por la acción del viento y, en otro informe posterior, precisó que si se hubieran retirado al interior del edificio, se podía haber evitado el incidente ocurrido en agosto.

Sin embargo, el empresario arguye que el auto de paralización no permitía la retirada de los materiales acopiados al tiempo que recuerda que la diligencia de notificación del auto que realizó el Seprona advertía de las responsabilidades penales en las que podía incurrir tanto la empresa contratista como General de Galerías Comerciales si incumplía la orden dictada por el juez. "El Juzgado no dijo en ningún momento que nuestra representada [la empresa promotora] podía perfectamente proceder a retirar dichos materiales", aclara Olivo.

En el nuevo escrito remitido al juez, el empresario también muestra su malestar por los "brevísimos" informes periciales que encargó el juez y en los que "se limitan a decir que no tienen suficiente información y que carecen de la competencia técnica necesaria para pronunciarse sobre una cuestión como ésta". El empresario -también imputado por el caso Malaya- no oculta su "sorpresa" por lo que considera un "retraso injustificable" pues entiende que han tardado más de seis meses en emitir unos informes "que no dicen nada".

"Las obras de instalación de la cubierta son necesarias para salvaguardar la seguridad del edificio", concluye.