La Guardia Civil de Granada ha investigado a once personas y ha intervenido más de 4.500 plantas en los primeros quince días del año por delitos contra la salud pública por cultivo de cannabis sativa y por delitos de defraudación de fluido eléctrico al tener enganches ilegales a la red eléctrica.
Las intervenciones llevadas a cabo por los agentes de este cuerpo de seguridad han tenido lugar en las localidades granadinas de Gójar, Fuente Vaqueros, Cijuela, Dílar y Santa Fe, según informó ayer el instituto armado en un comunicado.
Una de las mayores intervenciones tuvo lugar en Gójar, en donde los agentes decomisaron alrededor de 874 plantas de cannabis sativa en una vivienda e investigaron a un hombre de 38 años, mientras que en otra casa del mismo municipio los guardias civiles aprehendieron 106 plantas en un sótano, lo que derivó en la investigación a una mujer de 45.
En el municipio de Cijuela la Guardia Civil localizó otras dos pequeñas plantaciones de 70 y 72 plantas respectivamente e investigó a una mujer de 31 años y a un hombre de 28.
Mientras, en Loja los agentes del Instituto Armado intervinieron 667 plantas de cannabis sativa, 48 lámparas halógenas y 6 aparatos de aire acondicionado, en una operación en la que fueron detenidas dos personas e investigadas otras tres de un mismo clan familiar.
Del mismo modo los agentes de la Guardia Civil también se intervinieron dos escopetas de caza, una pistola y munición para estas armas.
En una urbanización de Dílar la Guardia Civil localizó plantación de cannabis en una vivienda de lujo e intervino 793 plantas, cuyo propietario fue detenido en los siguientes días.
Por último en Santa Fe el instituto armado realizó cuatro operaciones contra el cultivo ilegal de cannabis en las que los agentes de este puesto intervinieron 702, 666, 280 y 241 plantas respectivamente e investigaron a una mujer de 60 años y a tres hombres de entre 26 y 55.
La Guardia Civil ha contado en todas estas actuaciones con la colaboración de técnicos de Endesa para la detección y desmantelamiento de los enganches ilegales a la red eléctrica.
Ambos organismos colaboran de forma permanente en la detección de anomalías en la red eléctrica con el fin de garantizar no sólo el suministro para el resto de ciudadanos, sino también su seguridad.
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