Para determinadas asociaciones que trabajan con los colectivos en exclusión social la Ordenanza de la Convivencia se podría llamar la ordenanza para los "invisibles". La aprobación inicial hoy del texto normativo en el pleno municipal ha puesto en contra a diez asociaciones (Adobe, Anaquerando, Asamblea de Mujeres, Aspa, Asociación Pro Derechos Humanos, Edupar, Granada Acoge, JOCA, REC y Traperas de Emaús) que denunciaron ayer su rechazo frontal a los capítulos que tratan con los colectivos en riesgo de exclusión.

Básicamente, porque consideran que el régimen de sanciones que recoge para determinadas actividades no solucionará los problemas de exclusión social además de que no existen recursos suficientes para prestar la ayuda que prometen a las personas implicadas.

La portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada, Esther García, criticó ayer que el reglamento no especifique qué servicios sociales concretos se pondrán en marcha cuando comience la aplicación de sanciones -en septiembre-, ni tampoco la dotación financiera de los mismos.

Esta situación contrasta con la precisión con la que han sido establecidas las multas, que se dividen en leves, graves y muy graves, explicó García, quien advirtió además de la ambigüedad de los hechos que serán penalizados y que quedarán a interpretación de los agentes encargados de hacer cumplir la normativa.

Consideró que en el documento "se criminalizará aún más" a los colectivos que luchan cada día por sobrevivir y que cuando la ordenanza comience a aplicarse se verán obligados a "esconderse" o desplazarse del centro, como ya está ocurriendo con las meretrices que han comenzado a ejercer su profesión en los pueblos del Cinturón. Destacó que el efecto inmediato de la aprobación del texto será un aumento en la fractura social de "la ciudad", puesto que hará que los ciudadanos confundan pobreza o exclusión social con falta de civismo y supervivencia con ilegalidad.