El reciente escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Serrallo ha sido un flotador salvavidas para el Partido Popular, lanzado en un momento delicado en el que el agua comenzaba a subir de nivel. La acumulación en los juzgados de nuevas investigaciones contra algunos de los concejales de este partido en el Ayuntamiento (Emucesa y TG7) se ha visto aliviada con la petición fiscal de archivo para los seis ediles que aún forman parte del grupo popular municipal. Ahora viene la segunda parte, que es evitar llegar a juicio como acusados, pero hay tres obstáculos más: el empresario Tomás Olivo, el grupo político Vox y un funcionario jubilado que fue el primer denunciante de este caso.

El documento de la Fiscalía insta a archivar el caso para los concejales de la junta de gobierno que aprobó en 2012 las condiciones necesarias para la apertura de la discoteca en el Serrallo que se levantó sobre suelo verde. La acusación pública centra el tiro político en el anterior alcalde José Torres Hurtado y en su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Pero a los ojos del PP estos daños están controlados, dado que han colocado a estas dos personas, a sus "excompañeros", en un pasado lejano de la formación, nada que ver con el presente y mucho menos con el futuro electoral inmediato. De ahí la satisfacción expresada estos últimos días, pese a que la fiscal acaba de pedir 8 años de cárcel para el que fue uno de los máximos exponentes del PP de Granada y Andalucía durante las últimas décadas.

El escrito de la Fiscalía se suma al que ya presentó el Ayuntamiento de Granada (gobernado por el PSOE) el mes anterior. Esta institución, que sería la principal perjudicada directa en una causa donde se evalúan los daños al erario público municipal, también ha cargado la responsabilidad judicial en Torres Hurtado y, sobre todo, en Nieto (siempre hablando sólo de la esfera política) y pide el archivo para los ocho ediles del PP que completaban aquella junta de gobierno -seis de ellos aún en el Ayuntamiento de la capital como oposición-.

Ambos escritos, el del Ayuntamiento de Granada y el de la Fiscalía, han sido enviados por el letrado de algunos de esos concejales (Juan Antonio Fuentes, María Francés y Telesfora Ruiz) a la Audiencia Provincial de forma urgente, a las pocas horas de ser notificado a las partes el documento de la Fiscalía. Estos ediles tienen recurrido en este tribunal el auto judicial de febrero en el que fueron procesados, así que no han tardado en aportar las novedades a los magistrados que tendrán que decidir si los ediles se podrían enfrentar al casi seguro juicio del caso Serrallo.

Aunque las principales partes acusadoras, que son la Fiscalía y el Ayuntamiento (como perjudicado principal) hayan solicitado el archivo, la jueza instructora podría incluirlos en el auto de apertura de juicio oral atendiendo a las peticiones del resto de acusaciones, que sí los consideran responsables de un posible delito de prevaricación urbanística.

El letrado de estos ediles ha expuesto a la Audiencia que, dados los últimos acontecimientos, a sus patrocinados "solo los acusan las acusaciones populares de Vox y General de Galerías Comerciales SA", que es la empresa del Centro Comercial Nevada, de Tomás Olivo.

El hecho de que estas partes sean acusación popular podría favorecer a los ediles procesados, dado que la conocida doctrina Botín limita su acción acusadora en solitario.

Pero el letrado de los concejales del PP ha omitido en su escrito a la Audiencia que hay otra parte que también ha solicitado penas de dos años de cárcel para estos concejales y que sí es acusación particular y, por tanto, goza de mayor legitimidad para pedir que se sienten en el banquillo.

Se trata de Juan Santiago Pineda, un exfuncionario de Urbanismo que fue quien presentó la denuncia original del caso Serrallo en la Fiscalía en el año 2013. Se mantiene en la causa como acusación particular.