El PP acusa a la consejera de Justicia de valerse de un cargo para comprar su casa

  • Los populares sugieren que María José López incurrió en tráfico de influencias durante su etapa en Emuvyssa

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El PP acusó ayer a la consejera andaluza de Justicia, María José López, de haberse aprovechado de su cargo como administradora y consejera delegada de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa), en su etapa anterior como concejal socialista en el Ayuntamiento hace más de una década, para "poner precio" a su casa en una urbanización promovida por la citada empresa en el barrio de Bola de Oro.

El diputado provincial del PP José Antonio Robles recogió ayer el testigo que dejó su compañero y portavoz popular en la Diputación, Antonio Granados, quien semanas antes había arremetido contra cargos socialistas, entre ellos la candidata al Parlamento andaluz por el PSOE María José López y la europarlamentaria Francisca Pleguezuelos, así como a familiares directos, sugiriendo que habían obtenido de forma irregular viviendas protegidas en el citado barrio aunque el gobierno de la capital, en manos del PP, se encargó de desmentirlo y aclarar que eran de renta libre.

Ayer Robles, en un acto más de campaña electoral convocado fuera de la sede del PP, insinuó que la consejera había incurrido en tráfico de influencias e información privilegiada para obtener, tanto ella como Pleguezuelos y sus familiares, "las mejores VPS (viviendas para socialistas) en la Rusia Chica", que es como los populares denominan a las casas del Edificio Veleta de Bola de Oro.

"Si a la señora López y al PSOE le queda un poco de dignidad debe abandonar la vida pública", puntualizó Robles, quien, a preguntas de los periodistas, pidió a la Fiscalía que actuara "de oficio" puesto que entiende que "tiene una oportunidad de oro para demostrar su imparcialidad".

Según Robles, la consejera adquirió su vivienda a un precio de 120.000 euros por debajo incluso de las viviendas protegidas que por aquel tiempo se ponían a la venta en la capital (126.000), de ahí que afirmara que ella misma se encargaba de "ponerle precio". "Todas eran áticos y de las mejores de la promoción y se compraron como mucho a los dos meses de ponerse a la venta", precisó el dirigente popular, quien consideró "intolerable" que López argumentara que la adquisición se hiciera en una época de crisis.

"¿Es ético y moral que la persona que tiene que proponer los precios de la promoción compre la mejor casa?", se preguntó Robles.

El origen de esta polémica se sitúa en unas declaraciones que en su día realizó el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, sobre una casa de Antonio Granados, el portavoz popular que, según el dirigente socialista, era de VPO y no había declarado entre sus bienes, lo que le llevó a acusarle de mentiroso.

Ayer Granados prefirió mantenerse al margen de la polémica y dejar que su compañero de partido denunciara supuestos delitos de tráfico de influencias e información privilegiada. La polémica incluso se ha trasladado a los dos últimos plenos de la Diputación donde los populares han atacado a Martínez Caler, al que han acusado de no declarar dos fincas que heredará, según matizó el presidente, a la muerte de su madre.

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