El grupo popular de la Diputación de Granada fracasó ayer en su intento de implicar a los dos partidos que forman el gobierno provincial en la constitución de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la concesión de viviendas protegidas por parte de la empresa pública Visogsa.

PSOE e IU abortaron en el pleno extraordinario que se celebró ayer, a petición del PP, dicha posibilidad tal y como ocurrió en el último consejo de administración de Visogsa.

El galimatías que rodea la polémica sobre la empresa pública de vivienda y suelo puso en evidencia las contradicciones de unos y otros. Los antecedentes se remontan a enero de este año cuando el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, censuró al portavoz del PP, Antonio Granados, que no declarara entre sus bienes una vivienda de protección oficial concedida por Visogsa en 1999. En realidad, Granados, que no era diputado provincial, sí la incluyó aunque no ha matizado nunca -ni en la primera ni en la segunda declaración del patrimonio- que fuera protegida.

La trifulca política subió de tono cuando intervino el propio secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, refiriéndose a los "trasteos" de Granados en Visogsa. Ambas acusaciones ofrecían dudas sobre la gestión de una empresa dependiente de la Diputación con mayoría de miembros socialistas en el consejo de administración, lo que sirvió ayer al PP para defender la necesidad de una investigación con "luz y taquígrafos" de la gestión de sus más de 25 años.

Llegado a este punto, el portavoz del PP -que hace justo un año dijo en un pleno sobre Visogsa que "funciona bien" e incluso que había servido de "motor de desarrollo de las viviendas de protección", además de defender la "brillante" trayectoria profesional del anterior gerente cesado-, apeló ayer a la "transparencia" para abrir una comisión de investigación, sin más prueba que las "dudas" mostradas por el propio Martínez Caler y la dirección socialista. "Fue usted el primero que puso en tela de juicio la gestión de Visogsa", precisó Granados, a la vez que le recriminó que no haya tenido "ni coherencia ni saber estar institucional" por el hecho de que la Diputación de Granada haya sido, a su juicio, la única institución andaluza en "usar como debate" la declaración de bienes de los miembros de la corporación.

Por su parte, Antonio Martínez Caler reprendió al PP por buscar, con la solicitud de la comisión de investigación, hacerse "la foto" ante los medios de comunicación.

"Qué más comisión de investigación que tener a un funcionario a su disposición y toda la información que quieran", subrayó Caler al tiempo que aclaró que un pleno no puede "desautorizar" a un consejo de administración "ni anular sus decisiones".

El vicepresidente de IU, Julio Bernardo, argumentó su rechazo en el hecho de que el PP disponga de toda la información sobre la gestión de Visogsa, cuyas cuentas ha venido aprobando con regularidad. "El PP se basta y se sobra si quiere investigar por su cuenta", indicó. Asimismo, el portavoz del PSOE, José María Aponte, consideró contradictorio que el PP quiera revisar una gestión de la que ha sido partícipes con su voto a favor de las principales actuaciones.