El PP aprueba en solitario la operación urbanística del nuevo centro comercial

  • La oposición municipal rechaza el acuerdo con los propietarios del suelo y la empresa compradora porque sospecha que se trata de una "especulación como una catedral"

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El Ayuntamiento de la capital dio ayer vía libre a la operación urbanística del Cerrillo de Maracena -donde estaba previsto el antiguo Palacio de Hielo- mediante la aprobación en pleno de un acuerdo que ha recibido el rechazo de los grupos de la oposición (PSOE e IU), salvo la reciente edil UPyD, que optó por abstenerse.

El acuerdo, que fue aprobado inicialmente mediante un decreto del alcalde el 20 de mayo (pocos días antes de las elecciones municipales), fue ratificado ayer por el pleno municipal, donde el PP tuvo que recurrir a su mayoría absoluta para sacar adelante la iniciativa.

El mes pasado el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con los propietarios de los terrenos del Cerrillo de Maracena (José Julián Romero, Comarex y Caja Rural) para resolver un complejo asunto urbanístico por el que el municipio reclamaba una deuda de más de 7 millones de euros. En resumen, el acuerdo consistía en que la ciudad recibe de los propietarios actuales la cantidad adeudada en especie, es decir, en suelo.

A su vez se firma otro acuerdo de compraventa con una empresa que estaría dispuesta a pagar 48 millones de euros para hacerse con esos suelos destinados a construir un centro comercial. Ese dinero se distribuiría entre los propietarios actuales y sus respectivos acreedores, entre ellos el Ayuntamiento, que cobraría de este modo los más de 7 millones de euros.

A partir de ese momento, la nueva empresa propietaria, Property Master Europe, tendría que presentar un proyecto para ese nuevo centro comercial, pero las características de éste aún se desconocen. El acuerdo se ciñe a los asuntos puramente económicos.

Los grupos de IU y PSOE en el Ayuntamiento de la capital se han opuesto frontalmente a la ratificación de este acuerdo porque consideran que el modo en que se ha llevado a cabo y las condiciones impuestas generan "demasiadas sospechas" de que se trata de una "operación de especulación urbanística como una catedral".

En el debate del pleno de ayer, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, acusó al gobierno del PP de desarrollar el "urbanismo de la ciudad a golpe de talonario". El PSOE, por su parte, encuentra muy extraño que un asunto que lleva muchos años estancado se solucione en unos días y por la vía de urgencia.

"No entendemos el uso de las plusvalías urbanísticas para intereses que no se saben, porque esta empresa ni siquiera ha presentado un proyecto", declaró el socialista José María Rueda en su intervención.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, exigió al resto de la Corporación "respeto" por su "honradez". A su juicio, en los años que lleva en ese mismo cargo tiene una "solvencia demostrada" y "jamás ha habido una operación urbanística extraña".

La responsable de Urbanismo explicó que el único fin que se persigue con la firma de este acuerdo y la adhesión a la compraventa es "cobrar una importante deuda y nada más". Nieto le pidió a los concejales de la oposición que planteen una solución alternativa. "Tengan más cuidado con sus palabritas porque me ofenden", advirtió la edil a la oposición.

Por su parte, el grupo municipal socialista que votó en contra al proyecto, considera que "hay dudas razonables en la propuesta que no refleja el futuro uso del suelo y que se firmó el 20 de mayo, 48 horas antes de las elecciones".

Según explicó el concejal José María Rueda "la operación urbanística ratificada por el gobierno popular el pasado 20 de mayo, 48 horas antes de las elecciones municipales, en la que conocemos que hay una empresa dispuesta a desembolsar 48 millones de euros para hacerse con el suelo pero sin un proyecto sobre la mesa que garantice el interés público deja en el aire ciertas dudas".

Rueda apuntó que "la única verdad ante este aparente desbloqueo es que han pasado seis años y esta ciudad no tiene palacio de hielo. Ahora nos presentan una nueva operación urbanística sin un proyecto sobre la mesa que garantice las instalaciones que estaban previstas en un primer momento y que pone en peligro el interés general. Además se recoge una posible modificación del PGOU que afecta a las actuaciones previstas en un primer momento".

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