El gerente de la empresa de cementerios de Granada, José Antonio Muñoz, quien desveló en un informe la existencia de contratos laborales de personas que nunca habían trabajado en las instalaciones de esta sociedad, se ha convertido ahora en el blanco de este caso para los partidos políticos que han tenido o tienen ahora poder en el Ayuntamiento de la capital. A las acusaciones de los primeros investigados del caso judicial (los concejales del PP María Francés y Eduardo Moral) y la petición que hace unos días hizo el PP para que fuera destituido de su cargo se ha unido ahora la imputación de varios delitos suscrita ayer por el PSOE en el Juzgado de Instrucción 9 que investiga los conocidos "contratos fantasmas".

El responsable de la sociedad durante las últimas décadas tuvo que acudir ayer a declarar al Juzgado por este asunto que se ha convertido para él en un boomerang. Pero la comparecencia tuvo que aplazarse al próximo 14 de mayo porque su abogado planteó que no se les había informado de los supuestos hechos delictivos que se le imputaban.

En un principio solo estaban investigados los dos concejales que, como consejeros delegados de Emucesa, firmaron los contratos a estas personas que eran personal de confianza de ellos y de su partido político en algunos casos. En sus declaraciones ante el juez, los dos cargaron contra el autor del informe que los había llevado hasta allí, el gerente. Plantearon la cuestión de por qué no había dicho nada al respecto en todos los años anteriores.

La fiscal informó ayer de que se le investigaba por supuestos delitos como prevaricación por omisión, malversación, fraude al sistema de prestaciones a la Seguridad Social o estafa. El PSOE se adhirió a esas acusaciones, pero Emucesa y la concejal que denunció los hechos a la Fiscalía no articularon imputación contra él.