Aunque el PSOE de Granada prepara la nueva etapa de Gobierno en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de la nación, que dependerá en gran medida en cuanto a los nombramientos en la provincia, a la formación de los ejecutivos andaluz y central, la dirección socialista de Granada ya ha lanzado un claro mensaje a los suyos: quiere que los puestos de libre designación, en principio, de las delegaciones provinciales de las consejerías, recaigan, exclusivamente, en afiliados del partido o simpatizantes declarados. La consigna también servirá para los puestos que dependan en la provincia del Gobierno de la nación.

El mensaje, que algunas fuentes entienden que proviene de la dirección regional del PSOE andaluz, fue trasladado en una reciente reunión por la cúpula de la dirección provincial del PSOE a los delegados en funciones de la Junta, a los que, entre otras consideraciones, se les pidió que extremaran el cuidado en la designación de sus cargos de confianza, con el fin de que fueran afines al partido.

Aunque este proceder es habitual en las administraciones públicas, sea cual sea el partido que las gobierne, lo relevante en esta nueva etapa política es la insistencia con la que se transmitió la consigna. De hecho, algunos delegados, según conoció este periódico, quedaron sorprendidos por la exigencia de la dirección provincial del PSOE. Se da la paradoja de que entre el equipo de delegados de la Junta nombrados en la anterior legislatura y, actualmente, en funciones, hay un buen número que apenas mantenían relación con el PSOE antes de ocupar sus puestos en la Administración periférica autonómica o, al menos, conocida por el grueso de la militancia socialista.

Algunos delegados autonómicos, con más o menos discreción, -y aún sin conocer si seguirán o no en sus cargos- han comenzado a elaborar sus propios informes con el fin de recabar la afinidad de sus cargos de confianza. Sin embargo, esta maniobra, que ejecuta personal de máxima confianza de los delegados, comienza a ser conocida entre funcionarios de algunos departamentos de la Junta, entre los que crece el malestar. La razón fundamental del descontento es que para ocupar determinados puestos de la Administración autonómica se prime la orientación ideológica por encima de otros valores, obviamente de más trascedencia, como el trabajo, preparación o la profesionalidad. Esta situación ya pasó en el Ayuntamiento de la capital, gobernada por el PP: el propio secretario general del PP y ya parlamentario andaluz, Antonio Ayllón, concejal que fue de Loja y candidato a la Alcaldía de este municipio, fue contratado como asesor municipal. Y tampoco es ajeno este proceder en la Diputación, tanto en el PSOE, como en su socio IU.

Aunque no se conoce con exactitud el número de puestos de libre designación que reúnen todos los departamentos provinciales de la Junta, la cifra según algunas estimaciones, podría superar con creces el centenar. Entre ellos, no sólo figuran los cargos de secretarios o secretarias personales o jefaturas de gabinetes, sino también jefaturas servicio, secretarios generales específicos, a los que se unirían otros puestos de los departamentos o instituciones que dependen, o bien directamente de la Junta, o de delegaciones provinciales que, en algunos casos, disponen, a su vez, de otros tantos cargos de libre designación.

En última instancia, con la consigna el PSOE pretende que no haya fisuras de ningún tipo en la gestión de las competencias autonómicas durante estos cuatro años y evitar, de paso, filtraciones a otros partidos, desde la creencia que algunos de los cargos a dedo han sido ocupados en la anterior legislatura por afines a otros partidos.

Sin embargo, entre funcionarios conocedores de la orden interna crece el temor de que en el fondo el PSOE tan sólo pretenda colocar a afines en puestos de la Junta de Andalucía que no están sujetos a oposiciones o a requisitos profesionales estrictos.