Granada

El Pabellón Mulhacén y un residencial de JJ Romero, en el origen de la trama

  • Las dos querellas que motivaron inicialmente la investigación están relacionadas directamente con dos de los empresarios implicados en el caso

La investigación judicial que provocó el pasado miércoles la amplia operación policial en la que fue detenido el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, tiene como origen y principales focos de las pesquisas dos operaciones urbanísticas en la ciudad, la adjudicación del Pabellón Mulhacén en el Zaidín y la promoción inmobiliaria Ciudad de la Luz, próxima al centro comercial Kinépolis.

En ambos desarrollos urbanísticos hubo personas que se sintieron afectadas en sus intereses en favor de los promotores principales y presentaron denuncias ante la Fiscalía Provincial, que culminaron en dos querellas y aterrizaron en el Juzgado de Instrucción 2, que ha asumido el asunto. Adicionalmente, este mismo Juzgado ya está casi finalizando otras diligencias previas relacionadas con el caso Serrallo, en el que también está investigada (antes imputada) la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Pero en realidad estos dos casos dan lugar a una nueva investigación que está bajo secreto del sumario, a diferencia de la otra causa ya conocida.

La Fiscalía General del Estado confirmó ayer que estos dos polémicos proyectos se encuentran en el origen de la investigación. En el caso del Pabellón Mulhacén, construido por García Arrabal, el Ministerio Fiscal apunta que las diligencias que han derivado en las actuaciones policiales están relacionadas con "la alteración y modificación fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo de la calle Torre de la Pólvora, que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo".

La Fiscalía apunta que a las diligencias del Pabellón Mulhacén se acumularon como pieza separada las diligencias del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas "por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-n2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz", promovido por José Julián Romero.

Con el punto de partida de estas dos nuevas querellas, el juzgado inicia una investigación en la que se pretende esclarecer si existe una amplia trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, centrada en el área de Urbanismo y en relación a algunos promotores de esta ciudad. Esto extiende la investigación a un grupo de entre cinco y diez operaciones urbanísticas de los últimos diez años que se están revisando, según fuentes de la investigación. Este punto también fue confirmado por la Fiscalía General del Estado, que apuntó que las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Corrupción de la UDEF "pueden resultar irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo".

El grupo de delitos económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial se encarga entonces de la investigación, pero la complejidad de este asunto hace que sea necesaria la colaboración de la UDEF, en Madrid. La investigación conjunta da lugar a la operación policial desarrollada el pasado miércoles, con 16 detenidos y más de una veintena de registros simultáneos en los domicilios, los despachos y algunas sedes mercantiles de los investigados.

Como consecuencia de estos registros, la policía dispone de multitud de cajas de documentación y una gran cantidad de dispositivos electrónicos informáticos (ordenadores, teléfonos móviles, unidades de memoria...) que ya ha comenzado a examinar. La investigación trata de analizar las presuntas irregularidades que se pudieron cometer en la tramitación de esos expedientes urbanísticos y determinar en todo caso si habría trato de favor desde el Ayuntamiento hacia ciertos empresarios vinculados al mundo inmobiliario, siempre según fuentes de la investigación.

Entre las 16 personas detenidas el miércoles (ahora en libertad con cargos) y una más que aparece como investigada se encuentran, en el plano político, el alcalde y la concejal de Urbanismo; los máximos altos funcionarios del Ayuntamiento, como es el caso de la secretaria municipal; los altos cargos de Urbanismo, y un grupo de empresarios, promotores y constructores de las operaciones urbanísticas que fueron objeto de las denuncias ante la Fiscalía: Roberto García Arrabal, Enrique Legerén y José Julián Romero.

La denuncia que afecta a este último promotor es sobre la promoción inmobiliaria desarrollada en los terrenos próximos a Kinépolis, los pisos del edificio Ciudad de la Luz que actualmente están a la venta. La historia se remonta al inicio del desarrollo del Plan Parcial N2, donde se ubican las casas. Los órganos ejecutivos de la Junta de Compensación de todos los propietarios de la zona estaban controlados por los dueños mayoritarios del terreno, que son las empresas del empresario José Julián Romero.

Otros propietarios minoritarios se han sentido perjudicados por la gestión conjunta de este empresario y del Ayuntamiento, pues se ha dado lugar a una situación en la que el plan parcial se encuentra con una urbanización sin terminar, salvo en la zona donde se ha construido el edificio. Los denunciantes aportaron un informe de Urbanismo que desaconsejaba dar licencia a ese inmueble al no estar terminada toda la urbanización (calles, alumbrados, saneamientos...) de ese plan parcial. Pero al parecer, otro técnico de Urbanismo firmó después un nuevo informe en el que se daba el visto bueno a la licencia, al presentar el promotor unos avales bancarios ante el Ayuntamiento que garantizarían la terminación de esas obras de urbanización.

Las obras no se hicieron y, según ha denunciado la oposición municipal, el Ayuntamiento tampoco ha ejecutado esos avales en el plazo de dos años establecido. Los concejales de otros grupos de la oposición, especialmente Izquierda Unida, han denunciado reiteradamente que el equipo de gobierno no les aporta documentación de este caso, pese a haberla pedido en varias ocasiones. Algunos propietarios de terrenos de la zona, que se encuentran ahora con unos suelos solo urbanizados en la zona que le correspondía desarrollar a Julián Romero, acudieron a la Fiscalía y dieron origen a parte de la investigación sobre la supuesta trama corrupta en Granada.

En el caso del Pabellón Mulhacén y otras operaciones que se están investigando como posibles participantes de esa supuesta trama de corrupción urbanística, el promotor principal es Roberto García Arrabal, que también está implicado en el caso Serrallo, investigado por el mismo juzgado y que podría agregarse a esta posible red. El denunciante de este caso es el empresario Ramón Arenas, que en diciembre de 2013 documentó la supuesta invasión de una parcela de su propiedad para construir el Pabellón Mulhacén, ubicado junto al Palacio de Deportes.

Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Granada vendió por concurso público al empresario una parcela de equipamiento de uso docente en la calle Baltasar Mar, destinada a construir una guardería y por la que pagó 400.000 euros. Esta parcela linda con la dedicada a acoger el pabellón, que ocupó 300 metros cuadrados del terreno preparado para ser una guardería. El Consistorio lo reconoció y le ofreció a Arenas un solar en la misma linde. No obstante, el empresario consideró en su denuncia que el Ayuntamiento cambió las condiciones del pliego para la construcción del Pabellón Mulhacén y ocultó su valor económico para no someterse al análisis del Consejo Consultivo, además de recordar que el proyecto deportivo no está terminado. La Fiscalía decretó que, sin valorar la exactitud de los denunciado, los hechos podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y común, falsedad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que ordenó la investigación policial. Este hecho abrió el pasado verano la primera brecha entre Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento granadino.

En los últimos meses hay un nuevo caso que podría sumarse a esta trama también relacionado con los mismos empresarios anteriores. Se trata del visto bueno concedido por el Ayuntamiento a la construcción de una residencia para estudiantes en una parcela del Parque Tecnológico de la Salud que tiene uso deportivo. El proyecto residencial de uso lucrativo podría exceder el porcentaje máximo permitido en estos casos, que es el 30%, ya que el resto (70%) tendría que destinarse íntegramente al uso deportivo. Se ha tratado de hacer una interpretación del destino de este inmueble para que conste como un equipamiento social comunitario, algo que ha resultado muy polémico y ha provocado las denuncias de la oposición municipal.

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