Un juzgado investiga a Paco Cuenca y Torres Hurtado por la sala Príncipe

  • La magistrada ordena hacer averiguaciones, ante la posible "existencia de infracción penal"

El actual alcalde socialista Paco Cuenca, su antecesor en el cargo, el expopular José Torres Hurtado, tres concejales, una decena de funcionarios del Ayuntamiento de Granada, empresarios, arquitectos y una sociedad privada forman parte de una investigación judicial abierta este mes para esclarecer los hechos relacionados con las obras de ampliación, las licencias otorgadas y el funcionamiento de la sala de fiestas llamada ahora Prince, que se ubica en el barrio del Realejo.

Una denuncia ante el juzgado de guardia, formulada por una plataforma vecinal constituida para luchar contra esta instalación de ocio en su barrio, ha llegado al órgano número 2 de Instrucción de Granada, cuya titular es la magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz, responsable de las grandes investigaciones por supuesta corrupción urbanística en la ciudad, los casos Nazarí y Serrallo.

Ante los hechos que se describen en el escrito de los denunciantes, la jueza decidió abrir diligencias previas el pasado 2 de octubre, con 19 personas y la empresa de la sala de fiestas en la lista de investigados. El auto firmado ese día, al que ha tenido acceso este periódico, justifica ese inicio de las pesquisas por las "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

No obstante, la magistrada expone que aún no están determinados los detalles de esos hechos ni las personas que en ellos han intervenido. Por eso ordena una serie de averiguaciones que permitan esclarecer la situación. A la vista de las primeras investigaciones, el Juzgado podrá determinar si hay indicios que puedan apuntar más claramente a cada uno de los denunciados por la plataforma vecinal. O por el contrario, dejar fuera a personas que ahora mismo forman parte de esa lista.

La primera medida que ha adoptado la magistrada es remitir un oficio al Ayuntamiento de Granada para que esta administración envíe al Juzgado copia de los expedientes relacionados con este asunto. En concreto, se trata de la licencia de obras a la empresa que promovió los trabajos de reforma y ampliación en la sala de fiestas, de los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística que haya emprendido el Ayuntamiento, de la calificación ambiental o de las licencias que han permitido reiniciar la actividad a la sala, entre otros documentos. El Consistorio está en pleno proceso para recopilar toda esa información estos días.

Este asuntos ha sido objeto de varios pleitos por la vía contencioso-administrativo, de modo que el Juzgado de Instrucción que ahora pretende averiguar la posible comisión de delitos, ha mandado exhortos a los dos órganos de esa jurisdicción donde hay asuntos relacionados con la sala Príncipe. Uno de ellos es el procedimiento iniciado por la sociedad Princeplan SL contra el Ayuntamiento de Granada por la calificación ambiental concedida en febrero de 2016, en la que se fija el aforo máximo en 251 personas, muy lejos de las pretensiones de la empresa, que podrían rondar el millar, tras las obras de ampliación ejecutadas.

Otro de los pleitos que pretende recabar este Juzgado es un contencioso de la Asociación de Vecinos del Realejo, también contra el Ayuntamiento, dado que éste ha permitido la apertura de esta sala, pese a que las obras ejecutadas no parecían ajustarse al proyecto inicial para el que recibió permiso.

La jueza expone en su auto que por el momento deja en suspenso la posibilidad de ordenar otro tipo de diligencias de investigación solicitadas por los denunciantes (como citaciones para declarar) hasta que reciba la documentación reclamada y pueda analizar el caso con más profundidad.

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