Granada

El Parlamento aprueba la iniciativa del PSOE para revisar el POTAUG Una demanda del SAT consigue anular casi 80 despidos en la hostelería

  • El futuro documento dará respuesta a cuestiones como movilidad sostenible o el ciclo integral del aguaCasi 150 trabajadores con contrato de formación se vieron afectados en 2016

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para revisar el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAUG) de Granada con el objetivo de que "recoja las necesidades planteadas por los municipios y agentes sociales implicados".

En su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Cámara autonómica, el parlamentario Miguel Castellano abogó por abrir un proceso de "participación" en torno al futuro documento para dar respuesta a cuestiones como la movilidad sostenible, el ciclo integral del agua, aspectos que afectan a la categorización del suelo o infraestructuras como centros educativos y deportivos, entre otros.

El socialista, que agradeció el apoyo de todos los grupos políticos a esta iniciativa, señaló que, de esta manera, los 33 ayuntamientos que en la actualidad engloba este plan tendrán la posibilidad de "dar respuesta a las demandas de sus vecinos y atender el bienestar de los mismos".

Todo ello, subrayó, "sin perder de vista el respeto al medio natural y el complemento de los usos agrícolas y terciarios", al tiempo que reconoció la idoneidad de acometer este trabajo con "altura de miras".

"Se trata de fijar los elementos básicos para la organización y estructura del territorio y convertir el POTAU en el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas y proyectos de las administraciones y entidades públicas, así como de los entes particulares", expuso Castellano.

El Juzgado de lo Social 2 de Granada notificó ayer la sentencia mediante la cual se declaran nulos 79 despidos tras una demanda presentada a instancias del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que está relacionada con el denominado 'caso Ceinlam'. Se trata de una empresa de hostelería que, en mayo del 2016, "despidió a la totalidad de su plantilla tras intentar una estafa por decenas de miles de euros y que fue descubierta por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y denunciada por el SAT". Tras el despido, que afectó a 148 trabajadores con contrato de formación, el SAT comenzó una campaña de denuncia junto a 79 de estos empleados que se materializó en torno a dos objetivos, uno de ellos, el cobro de salarios impagados y cotización a la Seguridad Social.

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