El aceite de la Alhambra no era el único producto que tanto los anteriores responsables del monumento como al parecer el concesionario privado tenían previsto comercializar. El Patronato ha mantenido un largo pleito contencioso con la conocida cervecera del mismo nombre, lo que pone de relieve la intención de crear un vino que llevara la marca del monumento y cuya explotación fue cedida en 2011 al mismo empresario. La Justicia ha impedido recientemente la inscripción del nombre en el Registro.

El 24 de octubre de 2011 el Patronato de la Alhambra firmó uno de los ya divulgados contratos de explotación comercial de su aceite con uno de los empresarios investigados en el caso judicial Audioguías por el supuesto trato favorecedor obtenido por los gestores del monumento. En ese documento, que denuncia una reciente auditoría interna de la Junta por las más que generosas cesiones a esa sociedad privada sobre el negocio del olivar nazarí, también se incluyó la "licencia de explotación" tanto de la marca aceitera "Dehesa del Generalife", como de la propia enseña "Alhambra", para "alimentos, cosméticos y bebidas alcohólicas". Para ese entonces el Patronato que gestiona el monumento ya había conseguido que la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria inscribiera a su favor el nombre Alhambra en la clase 33, el apartado destinado a bebidas alcohólicas (salvo la cerveza).

Los informes policiales destacan los vínculos de amistad del empresario y Victoria Chamorro

Pero la sociedad limitada Cervezas Alhambra no observó con buenos ojos esta inscripción, pues alegaba que, aunque el monumento se interesaba por la marca para un vino, al ser productos similares, se produciría una confusión en el público consumidor y un "claro aprovechamiento de la notoriedad de sus marcas" por parte de los nuevos productores de vino.

El recurso de la cervecera frente a la propia Oficina de Patentes y Marcas no prosperó en 2010 y en su lugar aceptaron la pretensión del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Los letrados del monumento sostenían que la empresa de cervezas "no puede ser identificada por los consumidores con un vino al que se le traslade esa fama, siendo en todo caso superior la notoriedad de la Alhambra, como monumento, que la de la marca de cervezas".

Ante esta situación, Cervezas Alhambra SL demanda a finales de 2010 a la Oficina de Patentes y Marcas y a la Junta de Andalucía (como administración responsable del monumento) en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hubo que esperar hasta el verano pasado (julio de 2016) para que se resolviera el pleito a favor de la cervecera.

La sala de lo Contencioso ha estimado el recurso de la empresa y considera procedente "la prohibición de la inscripción" de la marca Alhambra en la clase 33 (bebidas alcohólicas), tramitada por el Patronato de la Alhambra unos años antes. Entre los argumentos aportados por el TSJA figura que "la marca cuya inscripción se pretende por el Patronato es susceptible de generar un riesgo de confusión en el consumidor, quien será fácil que piense que se trata de bebidas que comercializa la conocida marca de cervezas". Así las cosas, la monumento "se beneficiará de la notoriedad de marca primigenia".

El dato adicional que los juzgadores no tenían sobre la mesa y probablemente tampoco Cervezas Alhambra, es que desde 2011 el Patronato de la Alhambra había cedido la licencia de explotación de esa marca para bebidas alcohólicas a otra empresa privada, SIC Nomade SL, que era contratista habitual del monumento y que ya comercializaba la aceituna de sus campos.

El responsable de esta sociedad, E. P-C., figura en la auditoría interna de la Junta como adjudicatario de 18 contratos de la Alhambra desde 2008 (fecha que coincide con la creación de la empresa), la mayoría de ellos "sin concurrencia" o con apariencia "ficticia" de la misma, que obtenía "sin experiencia previa en la materia y que en realidad vienen a ocultar una auténtica relación laboral durante más de 8 años". El documento de la Intervención General denuncia que este hombre disponía de despacho, cuenta de correo y teléfono móvil corporativo de la Junta de Andalucía; también "firmaba en nombre del departamento de comercialización del Patronato de la Alhambra", al que representaba en acciones de promoción en el extranjero.

La auditoría destaca "graves irregularidades" en los contratos de comercialización del aceite de la Alhambra, que también incluían la marca "Alhambra" para otros productos como el vino. Los informes policiales aportados al sumario de la investigación judicial abierta destacan los vínculos de amistad y vecindad entre este empresario y altos cargos de la Alhambra, en especial de la que era secretaria general del monumento (la número 2), Victoria Chamorro.