La repercusión económica para el Ayuntamiento de la gestión de la televisión municipal, TG7, es uno de los asuntos que ha generado más controversia desde que se produjo el cambio de gobierno. A la maltrecha situación de las arcas municipales se han ido sumando reclamaciones económicas por servicios especiales prestados en el pasado que ponían de relieve una forma de actuar que en el mejor de los casos era bastante "irregular", como han reiterado todos los informes internos encargados. Pero la oposición municipal sostiene que además puede haber delito en aquella gestión, por lo que ha presionado para que se celebrara una comisión de control interna y para que se llevaran estos documentos a la Fiscalía.

El Ayuntamiento tenía un contrato formalizado con la empresa que gestionaba la televisión por valor de 750.000 euros anuales, pero la realidad que ha aflorado después demuestra que este servicio salió mucho más caro a la ciudad, pues luego se encargaban una serie de servicios especiales (aunque incluyera nóminas de presentadores habituales) que estaban fuera de ese contrato. El Ayuntamiento está obligado a pagarlos (por sentencia judicial) porque fueron ratificados por el concejal responsable, Juan Antonio Fuentes, quien ha sido cuestionado por tomar esas decisiones unilateralmente, sin someterlo a procesos ni controles de contratación.

El último informe jurídico encargado por el Ayuntamiento concluye que, por más irregular que resulte esta forma de proceder, no estaría confirmado delito de prevaricación, a juicio de la letrada que lo firma. Por ese motivo, es posible que el gobierno local frene la petición de responsabilidades.