Precisa un consenso a muchas bandas

  • El proyecto municipal requiere firmas de convenios con varios Ministerios, la Universidad y la Junta, además de un cambio del PGOU y el visto bueno de organismos como el Consejo Consultivo

Para sacar adelante su plan de financiación del soterramiento de la futura estación de AVE, el gobierno municipal socialista no sólo necesita reunir un apoyo mayoritario dentro de la ciudad y sus representantes políticos -dado que no tiene mayoría absoluta-. La empresa es mucho más ambiciosa. Convenios urbanísticos y económicos con varios Ministerios estatales, con la Universidad de Granada y con la Junta de Andalucía, como propietarios actuales de los suelos afectados; un proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el visto bueno de varios organismos como el Consejo Consultivo o la Confederación Hidrográfica, son pasos imprescindibles.

El plan presentado por el Ayuntamiento se basa en hacer unas modificaciones urbanísticas en varias zonas de la ciudad próximas a la estación ferroviaria para aumentar los usos lucrativos permitidos en esos terrenos y conseguir así financiación que permita ejecutar el proyecto de soterramiento.

Por eso, un requisito imprescindible sería afrontar un proceso de modificación del PGOU, algo que los gobiernos municipales del PP han intentado desde 2004, sin obtener el respaldo necesario, sobre todo de la Junta, que tiene la última palabra. El documento presentado por el Ayuntamiento reconoce que la innovación que se plantea tiene carácter "estructural, por superarse la edificabilidad y la densidad global" establecidas en la zona afectada. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tendría en su mano la aprobación definitiva, previa disposición de informes favorables y el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo sobre la adaptación de la propuesta a la ley andaluza que regula el uso del suelo.

Como se plantea una modificación de los equipamientos y espacios libres actuales, es necesario obtener también el visto bueno del Consejo Consultivo.

El propio plan municipal ya adelanta algunos de los pasos a seguir, especialmente en la firma de futuros convenios con otras administraciones. Los propietarios mayoritarios de los terrenos, son el Ministerio de Fomento, Renfe, Defensa, la Universidad y la Junta de Andalucía. Con todos ellos sería necesario llegar a acuerdos, de modo que cedan a una especie de fondo común (llamado Proyecto soterramiento AVE-Granada) todos los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden a sus terrenos, además de las plusvalías generadas con la recalificación en el nuevo PGOU.

También se propone la constitución de un "complejo inmobiliario" o figura que regule la existencia de dos fincas de distinta titularidad: el Estado, como propietario del sistema general de infraestructuras ferroviarias que resulte; y el Ayuntamiento de Granada, como titular de los espacios libres generados en la superficie.

La Junta de Andalucía tendría otra participación si se acuerda la propuesta municipal de encomendarle el desarrollo de las viviendas protegidas a construir.

Con la Universidad de Granada el acuerdo es imprescindible, pero la negativa de la rectora, Pilar Aranda, a renunciar al campo de rugby (donde se prevén viviendas) abre la puerta a una posible modificación del plan presentado. En el documento se propone a la UGR cederle terrenos para ese equipamiento en la zona Norte y trasladar sus comedores a un edificio de nueva construcción muy cercano. Aranda le ha dicho al alcalde en persona que no tiene previsto renunciar al campo deportivo en su ubicación actual, así que el Ayuntamiento tendrá que empezar por salvar este escollo, el primero que las distintas instituciones implicadas han puesto en el camino, que se sepa.

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