"Estoy tranquila y con fuerza para seguir luchando hasta el final y dar esperanza a muchas mujeres y niños". Estas fueron las palabras que expresó Juana Rivas antes de la vista judicial dirigida a fijar los posibles daños y perjuicios causados a su expareja, Francesco Arcuri, proceso en el que el italiano ha pedido 1.912 euros por los gastos de asumir el viaje a España para hacer efectivo el retorno de sus hijos. Se trata de una cifra fijada por la Fiscalía que además, tras conocerse la apertura de juicio oral por la vía penal por supuesta sustracción de menores, pide para esta madre maracenera cinco años de prisión.

En agosto del 2016, Rivas fue denunciada por su expareja y padre de los niños por "sustracción de menores" al haber abandonado sin previo aviso la isla de Carloforte donde residían. Ante ello, los juzgados italianos emitieron una orden por la que esta madre de Maracena estaba obligada a devolver los hijos a Arcuri -denunciado por la granadina por malos tratos- en julio del pasado 2017. Sin embargo, Rivas no solo no se presentó para realizar la entrega, sino que para evitarlo permaneció fugada casi un mes junto a sus hijos. Finalmente, el 28 de agosto, Rivas acató la orden judicial y entregó a los menores al padre, quien cuenta con la custodia provisional, ya que todo lo ocurrido había hecho que la causa derivase en una causa penal. Sin embargo, Arcuri tuvo que desplazarse a Granada para conseguir la devolución de los menores, proceso cuyos gastos tuvo que asumir.

Ante ello, en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 en la que se obligaba a Juana Rivas a devolver a los menores, también fue condenada a "abonar las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción".

Para fijar estos daños económicos, ayer se celebró la vista judicial en la que Arcuri, que estuvo representado por su abogado Enrique Zambrano, se adhirió a la petición tasada por la Fiscalía en 1.912,50 euros. Si bien, la defensa de Arcuri alegó durante el juicio que "durante los 33 días que pasó en España, también desayunó, comió y asumió otros gastos", aunque "de buena fe, no guardara cada uno de los tíquets", pese a que tratarán de ir recabándolos para reclamarlos más adelante.

Por su parte, Rivas, que acudió a la vista en compañía de sus abogados, mostró su desacuerdo con el abono de estos gastos. Según su defensa, "no están conformes con el procedimiento que se sigue contra su cliente", pero reconocen que existe una sentencia firme que obliga a ello, por lo que se han centrado en "pedir que sólo se abonen los gastos que están debidamente acreditados", tal y como indicó el letrado Juan de Dios Ramírez.