En el año 2009 el nombre de Granada dio la vuelta a España tras la aprobación de la nueva Ordenanza de la Convivencia. Nacida en la etapa del exalcalde, José Torres Hurtado, la nueva normativa entró en vigor el 10 de noviembre de ese año para poner orden en las calles. El estricto control sobre cualquier actividad se convirtió en objeto de polémica. La nueva normativa cargaba contra los botellones, la utilización del espacio público para venta ambulante, la colocación de publicidad en el mobiliario urbano o los grafiteros. Pero sin duda, una de las medidas más polémicas fueron las sanciones por el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en el espacio público y a la mendicidad. El resto de grupos municipales criticaron que se sancione a las personas más vulnerables y vieron en estas multas una fórmula para invisibilizar un colectivo que no por ello iba a desaparecer.

Nueve años después el equipo de Gobierno socialista ha puesto sobre la mesa acabar con el artículo que recoge las multas a las prostitutas que ejerzan en la vía pública. Multar a las más vulnerables no parece la mejor fórmula para atajar un problema que nace de las redes y mafias de explotación sexual que operan en la ciudad. Por eso, el Ayuntamiento de Granada ha decidido incluir en el texto del V Plan de Igualdad la eliminación de este punto de la Ordenanza que, lejos de acabar con el problema, desplazó a las prostitutas a otros puntos de la ciudad como polígonos y pisos.

Según explica la concejal de Igualdad, Ana Muñoz, de esta forma se busca que estas mujeres no sufran una doble discriminación. Pero además, esta medida enmarcada dentro del apartado de violencia de género incluye además el refuerzo de los planes de trabajo para ayudar a estas mujeres. Aunque ya se trabaja con el colectivo, Muñoz explica que se "va a llevar a cabo una atención directa para ofrecerles formación y orientación con el objetivo de que abandonen la prostitución y salgan de la calle".

La normativa nació para preservar de la exhibición de prácticas sexuales y del ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en la vía pública y evitar problemas de convivencia en lugares de tránsito público. Todo en un momento en que existía un conflicto social en barriadas como en Joaquina Eguaras. La prostitución se ejercía a las puertas de los domicilios e iba a acompañada de otras conductas agresivas como las intervenciones de proxenetas, discusiones con los clientes o comportamientos derivados del consumo de alcohol y las drogas.

Antes de la entrada en vigor de la ordenanza había grupos de entre 12 y 15 mujeres que se dedicaban a la prostitución en la avenida Juan Pablo II las cuales, según informó en 2014 el anterior equipo de Gobierno, desaparecieron. Las unidades policiales además de sancionar ponen en conocimiento de las mujeres la existencia de apoyos a través de los servicios sociales. Tiempo después se activó un plan conveniado con Cruz Roja para atender a este colectivo.