La ordenanza municipal de la edificación que hizo el PP cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Granada es nula. El TSJA ha dado la razón a la Junta de Andalucía, que recurrió hace dos años la norma alegando que no se realizó con el procedimiento adecuado. Una sentencia que ya es firme ya que no se va a dar la orden por parte del Ayuntamiento de recurso, por lo que el TSJA la declara nula de pleno derecho tras una primera apreciación que daba la razón a la Junta y que ahora se ratifica en contra de la gestión que hizo el Ayuntamiento del PP en esta materia.

La anulación de esta ordenanza, según informó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, "corrobora el informe del Ayuntamiento" realizado por los técnicos dentro de la auditoría del Urbanismo de la ciudad que se está llevando a cabo y que advierte que, por ejemplo, el decreto que regulaba los usos del subsuelo, parte de lo que se concreta en la orden municipal de la edificación, contraviene el Plan General e incluye la modificación de estructuras de normas del PGOU sin contar con la Junta de Andalucía.

El análisis de la norma desvela la creación de un "organismo extraño" para interpretar el PGOU

Esta anulación tiene implicación directa en el caso Serrallo ya que la ordenanza de la edificación "fue un intento del PP de darle legalidad a operaciones como la instalación de una discoteca en zona verde" junto al centro comercial construido por García Arrabal. Y es que el decreto de la edificación fue realizado por el PP 'ad hoc', es decir, a posteriori y específicamente para conseguir su fin: "dar legalidad a lo que se había hecho". "La ordenanza regularizaba ad hoc lo que se había hecho presuntamente de forma irregular a priori", incidió Fernández Madrid ayer durante la rueda de prensa en la que informó de asuntos relativos a la auditoría de urbanismo.

También en lo relativo al uso del subsuelo dentro del caso Serrallo se investiga, por ejemplo, la legalización del cambio de uso de parte del edificio de García Arrabal Be Suites que después adquirió el Colegio de Médicos con uso habitual de salas de reuniones en espacio reservado en un primer momento a garaje.

Además de la sentencia del TSJA, los informes técnicos y de la Secretaría general del Ayuntamiento que se hacen dentro de la auditoría desvelan una cuestión administrativa importante para el equipo de Gobierno y es que la junta de Gobierno Local en época de la concejal Isabel Nieto creó "un organismo extraño, una ponencia técnica, sin amparo en la ley de bases de régimen local, que permitía que los técnicos interpretaran el PGOU o los planes especiales, como el Centro o Albaicín, y de la que se han derivado decretos que se están auditando". Porque, según los informes, la ley de bases de régimen local reserva la interpretación de los planes "exclusivamente" al Pleno del Ayuntamiento, a los concejales. De hecho, ya se ha acordado en Comisión de Urbanismo "iniciar los trámites para hacer la innovación al PGOU que regulara esos usos del subsuelo".

Sólo el trabajo de auditoría de este decreto ha permitido recibir estos informes, que tendrán consecuencia también en el orden que se intenta dar al área municipal. Y entre otros, por ejemplo, ha dificultado la tramitación de peticiones en marcha para poner negocios en el subsuelo que no están permitidos y que si se conceden se haría contraviniendo la ley. Por tanto todas las peticiones se han ido denegando, según el concejal.