José Torres Hurtado insiste ante la jueza de Instrucción 2 de Granada en que su papel como alcalde de la ciudad desde 2003 hasta 2016 era secundario en los asuntos relacionados con la gestión urbanística. Pero su declaración judicial de ayer introdujo un nuevo matiz, que es el de la implicación de los miembros de su junta de gobierno local. Según sus palabras, estos concejales del PP actuaron como él, pues firmaban las propuestas de cada área siguiendo las directrices de los técnicos, en los que tenían la "confianza delegada".

Es la segunda vez que el exregidor tiene que acudir a este Juzgado a explicar su participación en el supuesto trato de favor concedido por el Ayuntamiento a un constructor, pues el 12 de mayo del año pasado ya compareció después de ser detenido por su presunta implicación en el caso Nazarí. Ahora la misma jueza lo ha llamado a declarar, aunque por el caso Serrallo, en el que se investiga la construcción de una discoteca en los terrenos destinados a un parque infantil de uso público. En ambas comparecencias Torres Hurtado se ha desvinculado de las decisiones urbanísticas y ha asegurado que tenía todas las competencias delegadas.

El exalcalde se remite a los informes urbanísticos, de la secretaria y del interventor municipal

La declaración de ayer tenía una segunda vertiente importante, dado que la jueza también había condicionado la posible imputación de los miembros de la junta de gobierno a lo que pudiera decir el exalcalde, que era el presidente de este órgano. Torres Hurtado los exoneró de responsabilidad en la toma de decisiones y apuntó en todo momento a los técnicos que hacían los informes.

A su salida del Juzgado, donde declaró durante una hora y media, explicó a los periodistas que los expedientes urbanísticos que pasan por la junta de gobierno local para su votación "vienen informados por los técnicos del área correspondiente" y son "visados económica y jurídicamente por el interventor y la secretaria del Ayuntamiento", de modo que los concejales "lo único que hacen es ratificar la propuesta de aprobación que viene de las distintas áreas", pero no tienen "conocimiento profundo sobre el tema", en tanto que la "confianza está delegada" y si llega algo es porque está "perfectamente hecho".

El exalcalde no se refirió sólo a los técnicos de Urbanismo, si no a los informes de la secretaria municipal y del interventor, ambos investigados también en el caso Nazarí, pero no en la causa del Serrallo. Al menos hasta la fecha, pues en el auto donde citó a declarar a Torres Hurtado como imputado, la jueza también apuntó la posible inclusión del interventor en la lista de investigados, a petición de la fiscal, y a la espera de que llegue un informe pericial sobre la liquidación económica del plan parcial donde se construyó el Serrallo.

El exregidor aseguró ayer que desconoce los temas de Urbanismo "en profundidad" y ni "mucho menos las decisiones o discusiones técnicas que se producían" en su seno. Durante su interrogatorio, solo contestó a las preguntas de la magistrada, la fiscal y su defensa. Más tarde, ante los medios, expuso su confianza en que se archiven las actuaciones contra él en poco tiempo.

La reciente incorporación de Torres Hurtado a esta causa judicial como investigado se debe sobre todo a la aportación de nuevos elementos que apuntan a su participación en los asuntos urbanísticos (en particular del Serrallo) aparecidas como consecuencia de la instrucción del caso Nazarí. Una de ellas fue la declaración del antiguo concejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo. El exedil dijo a la jueza que en su última etapa de responsable de este área, los asuntos eran tratados directamente entre el alcalde y el antiguo gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, quienes le "puenteaban". Según fuentes del caso, el exregidor habría negado ayer esta versión e insistió en que no estaba al tanto de los temas urbanísticos.

La segunda prueba que lo involucra, aportada a esta causa, son los correos electrónicos hallados por la Policía que intercambiaron el constructor del Serrallo, Roberto García Arrabal y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos mencionan a Torres Hurtado como interlocutor del promotor a la hora de negociar sus proyectos. El antiguo alcalde popular de Granada habría negado ante la jueza haber tenido relaciones con este empresario, ni siquiera telefónicos, según las mismas fuentes. Y sobre el uso de correos privados que está investigando la Policía, el responsable político aseguró que se lo abrió su hija y que no sabe utilizarlo.

La investigación del exalcalde de Granada en este caso se produce al entender la jueza que de los informes realizados por la Policía en el caso Nazarí se desprende que éste "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística". Así lo expuso en su último auto, fechado este mismo mes, que sirvió para ampliar y revitalizar una instrucción que en principio ya había dado por concluida en enero, al convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado, a pocos pasos del juicio oral.

A continuación tendrá que decidir sobre esa posible imputación de los miembros de la antigua junta de gobierno local, entre los que estaban actuales concejales del PP como Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes o Francisco Ledesma. El letrado de la acusación popular, Jorge Carmelo Fernández Díaz, aseguró a los medios que, después de escuchar las palabras de Torres Hurtado, "si la magistrada no toma esa decisión en unos días volveremos a solicitarlo", porque a su juicio la declaración del exalcalde ha dejado importantes lagunas sobre quiénes dirigían la ciudad.

El abogado planteó al interrogado una veintena de preguntas que éste no quiso contestar que están en relación con hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos adicionales a los que la jueza le imputa inicialmente, como el tráfico de influencias, el acoso funcionarial o el delito de encubrimiento respecto de los delitos de cohecho que se le imputan en la causa a Manuel Lorente y García Arrabal por la contratación del promotor a un hijo del funcionario.

La detención e investigación de Torres Hurtado en la causa Nazarí por supuesta participación en una trama de corrupción urbanística supuso su salida de la Alcaldía en 2016 y su suspensión de militancia en el PP, una decisión adoptada directamente por la dirección nacional del partido. Tras su salida del Juzgado ayer, lamentó que la formación política a la que ha representado durante décadas en diferentes cargos no haya defendido su "presunción de inocencia", especialmente los de Granada, en alusión directa al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, con quien las diferencias se hicieron más evidentes una vez que estalló este caso. El exalcalde mandó ayer un mensaje peculiar al afirmar que "nunca" se quitará "la gaviota de las espaldas".

"A mí no hay nadie que me pueda reparar el daño desde el punto de vista moral y personal, se me podría compensar con otra cosa, pero desde luego no hay quien me lo quite", agregó ayer ante los medios, confiado en que quedará archivada su supuesta participación en estos casos de corrupción. Su letrado, Pablo Luna, se mostró confiado en desmontar las tesis de "una parte de la acusación que se empeña en que la cabeza de esta organización la tiene el alcalde, cuando está acreditado que no tiene nada que ver".

También la acusación particular planteó otra batería de preguntas sin respuesta por parte de Torres Hurtado, en las que el letrado José Martín Olmo sacó a relucir una posible contradicción en la versión del exalcalde a través de una publicación de Granada Hoy. Este diario recogió en sus páginas las palabras del entonces regidor el día de la fiesta de inauguración del centro comercial Serrallo, en las que "recordó tanto las dificultades urbanísticas que ha tenido el proyecto como el papel decidido del Ayuntamiento para resolver todos los escollos". A juicio del letrado, esto demuestra que el responsable político estaba al tanto de todo.