La suspensión temporal de militancia que acordó el miércoles el comité nacional de derechos y garantías del PP para el alcalde de Granada no impedirá que el regidor siga desarrollando sus funciones con plena normalidad, al menos mientras él decida estar al frente del Ayuntamiento. De esta forma, la junta de gobierno local prevista para esta mañana seguirá estando presidida por el alcalde, quien seguirá teniendo voz y voto en los órganos del Ayuntamiento. Lo mismo ocurriría en caso de que hoy se celebrara un pleno municipal, ya que el alcalde no está expulsado del partido. Y es que la condición de alcalde está por encima de la suspensión cautelar de militancia.

El propio José Torres Hurtado interpretó esta decisión del PP como un paréntesis mientras el partido estudia lo que ha pasado "para que así nos quedemos todos tranquilos", declaró en su comparecencia del miércoles. La dirección general del PP solicitó al regidor el pasado miércoles que diera un paso atrás, una petición que realizó antes de su comparecencia pública, aunque Torres Hurtado se negó a marcharse amparándose en su inocencia y en su honradez.

En un comunicado, el presidente y secretario del comité nacional de derechos y garantías, Alfonso Fernández y Juan Carlos Vera, acordaron "por razones de urgencia y en base al artículo 18.7 de los Estatutos del partido la suspensión provisional de militancia tanto del alcalde como de la concejal de Urbanismo.

Según los estatutos del PP si la infracción hubiera sido supuestamente cometida por quien ostenta algún cargo de responsabilidad en el partido y hubiera sido tipificada como muy grave o grave, podría acordarse la suspensión provisional de funciones.

En la primera reunión del comité nacional de derechos y garantías se tiene que ratificar dicha suspensión de militancia, se abrirá un expediente y se nombrará instructor. Aunque Génova no se planteaba tomar ninguna medida a la espera de tener más datos de la operación, finalmente apostó por esta medida después de que el alcalde hubiera sido detenido junto a otras 16 personas por su presunta implicación en una trama corrupta en el área de Urbanismo tras dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.