La sede de la Concejalía de Urbanismo de Granada recibió el pasado lunes una nueva visita de los agentes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigan la presunta trama de corrupción del caso Nazarí suprevisada por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital. La Policía volvió a reclamar unos documentos relacionados con la concesión al empresario Roberto García Arrabal de la construcción del pabellón deportivo Mulhacén, en el Zaidín.

Según fuentes de esta Concejalía, los agentes reclamaron una serie de documentos que sirvieron para mejorar las condiciones de construcción de las instalaciones levantadas en la parcela de uso deportivo, que fue adjudicada por el Ayuntamiento al empresario granadino por un plazo de 40 años.

La Policía acaba de remitir al Juzgado nuevos documentos hallados en Urbanismo

En concreto se trata de unos estudios de detalle, que es la figura de planificación urbanística utilizada para realizar ese tipo de transformaciones en lo que se permite construir. Según las mismas fuentes, los agentes se habrían marchado el lunes sin los documentos porque los responsables municipales adujeron que esos estudios de detalle ya estaban en poder de la propia Policía, después de los registros realizados en la misma sede el día de la operación Nazarí, hace más de un año.

Por otro lado, la Policía acaba de remitir al Juzgado nuevos papeles localizados por Urbanismo relativos a varios expedientes investigados, entre ellos un informe de la secretaria municipal sobre la parcela vendida a Ramón Arenas junto al pabellón Mulhacén y varios documentos relativos a Obispo Hurtado.

Respecto a la reciente petición de la UDEF de estudios de detalle, entre los documentos requisados al empresario García Arrabal, dos de 2011 y 2013, instados por el propio promotor con el objetivo expreso de mejorar la rentabilidad económica del negocio a desarrollar con la concesión administrativa de la parcela deportiva próxima al centro comercial Serrallo y el Palacio de Deportes Municipal.

La construcción del Pabellón Mulhacén y sus repercusiones sobre la parcela colindante, vendida al empresario Ramón Arenas (denunciante de ese caso), es uno de los ocho grandes expedientes urbanísticos que está investigando el Juzgado en el caso Nazarí.

En esta adjudicación municipal a García Arrabal se ha puesto el foco sobre las modificaciones sucesivas que a lo largo de los años fue sufriendo el contrato suscrito y la ejecución de la obra del pabellón y sus instalaciones de restauración. Siempre fueron en beneficio del mismo promotor, que en sus escritos al Ayuntamiento reclamaba esos cambios para mejorar la rentabilidad económica.

El promotor y otros responsables municipales fueron preguntados en su declaración judicial si no les parecía que al haber cambiado las condiciones de la concesión habrían perjudicado a otros empresarios que podrían haber optado al concurso partiendo de esas condiciones más favorables.

El contrato consistía en la construcción de un pabellón deportivo que necesitaba la ciudad para los eventos que se avecinaban (Eurobasket y Universiada) y una serie de negocios comerciales adicionales con los que en principio el empresario habría obtenido el beneficio para compensar la inversión de ese pabellón para la ciudad. El canon que se estipulaba era el de la construcción de ese edificio deportivo valorado en 6 millones de euros. Aunque los sucesivos cambios introducidos en años posteriores dejaron esa inversión en unos 4 millones de euros. No se llegó a hacer el aparcamiento subterráneo ni las pistas deportivas que estaban previstas en el pliego.

La oferta también incluía el pago de un canon en metálico al municipio por los negocios de hostelería (como Mc Donald), pero ese dinero es solo de 1.000 euros al año, algo que supone unos 83 euros mensuales. En los 40 años de concesión, la ciudad recibirá solo 40.000 euros por la instalación de esos negocios de hostelería en la parcela de propiedad municipal.