El Ayuntamiento de Granada modificará el Plan Especial de Santa Adela para demoler las 308 viviendas de la calle Cataluña y las 224 de la calle Jarama. El proyecto inicial preveía la rehabilitación de estas viviendas, pero el deficiente estado de conservación de las mismas ha llevado al Ayuntamiento a optar por derribarlas y volver a hacerlas nuevas, como han hecho con las viviendas de la primera fase del Plan Santa Adela, ya entregadas.

La presión de los vecinos, que han visto un agravio comparativo con los habitantes de los bloques aledaños, a los que se les ha hecho una vivienda nueva, ha empujado al área de Urbanismo a tomar esta decisión. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, añade otra causa más: "la pasividad" de la Junta de Andalucía desde hace dos años para colaborar en esta actuación, "que ha generado intranquilidad en los vecinos".

Para acometer la demolición el Ayuntamiento se ha apoyado en el estudio económico y social que elaboraron en su día para justificar ante la Junta de Andalucía la inclusión de estas áreas en el Plan de Rehabilitación.

En el caso de la calle Cataluña las obras generarán dos parcelas de equipamientos de 1.320 y 1.260 metros y 2.090 metros cuadrados de zonas verdes, mientras que en la zona de Jarama se crearán 2.800 metros cuadrados de zonas verdes y 1.160 metros de equipamientos.

Según la concejal de Urbanismo, una vez aprobado el Plan Especial habrá que sumar el estudio económico de este área de intervención en el Plan General de Ordenación Urbana, aunque "el proyecto podrá autofinanciarse". La construcción de más viviendas de las que existen actualmente en este área de Santa Adela, locales comerciales y aparcamientos subterráneos, junto a los ingresos previstos por la construcción de más de 7.000 viviendas de VPO plasmadas en el nuevo PGOU (que reportarán al Ayuntamiento unos ingresos de mil millones de euros), permitirán al Consistorio acometer el proyecto de Santa Adela. La escasez de viviendas de alquiler para realojar a las familias cuyas casas se volverán a construir es ahora uno de los mayores inconvenientes a los que tendrá que hacer frente el proyecto ya que serían necesarias dos mil viviendas para acometer todo el plan a la vez.

Los trámites se prolongarán durante tres meses. El plan tendrá que ser aprobado en la junta de gobierno local, será expuesto a un periodo de un mes de publicidad y de alegaciones.