Los concejales del PP y otros altos funcionarios investigados en el caso Serrallo, especialmente los que han pedido al Juzgado y a la Audiencia que se archive su participación antes de que el procedimiento judicial siga adelante, han encontrado otra vez la oposición activa y especialmente rotunda de la acusación popular que representa el grupo político VOX.

En su último escrito esta parte vuelve a actuar como azote de los políticos imputados, pese a los frustrados intentos de aproximación que algunos miembros de ambas formaciones políticas hicieron a título personal, como reconoció el líder provincial de VOX.

El abogado que representa a este grupo político presentó el pasado 4 de enero un nuevo escrito en el Juzgado de Instrucción 2 (que lleva el caso Serrallo) para pedir a la juez que rechace todas las nuevas peticiones de archivo o sobreseimiento de algunos investigados, entre los que están los concejales del PP Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz y María Francés, la exdirectora de Urbanismo y el interventor municipal. Este informe, que llega en un momento importante, cuando la magistrada puede estar a punto de firmar el auto que pone fin a la fase de instrucción del caso (llega el momento de apreciar más claramente los investigados y los delitos), es especialmente duro con los ediles implicados en la causa.

El letrado de VOX descarta los supuestos intereses extrajudiciales que se han denunciado. Los concejales lamentan en sus escritos al Juzgado que el objetivo perseguido sea "tenerlos investigados un par de años para acabar con ellos como políticos". A su juicio, esa afirmación es una "desvergüenza" y los acusa de formar parte del "equipo de gobierno municipal más corrupto de la última historia democrática de nuestro Ayuntamiento".

Los miembros de la junta de gobierno del PP en 2012, cuando se votó la autorización al empresario García Arrabal para que se cambiaran los usos y los horarios de las instalaciones del Serrallo para permitir una discoteca, fueron incluidos como investigados en esta causa el año pasado, precisamente a petición de VOX y de la Fiscalía. Fue aceptado por la juez con el argumento de que los concejales de un órgano de gobierno tienen que ser responsables de su voto.

Algunos de los ediles manifestaron ante la magistrada que su participación fue algo automático, dado que ellos votaban lo que les indicaba la concejal de Urbanismo, que era Isabel Nieto, sin tener conocimiento del asunto.

La acusación de VOX incide mucho en que estos concejales "estaban al corriente de la operación especulativa que se estaba llevando a cabo en estos espacios libres", dado que "no se trataba de un asunto ordinario o intrascendente, sino singular por sus repercusiones de toda índole". El letrado recuerda que todas las votaciones que favorecieron el proyecto de la discoteca se hicieron dentro de un contexto de cuestionamiento social, mediático o de la propia oposición municipal. Incluso explica que llegaron a desestimar un requerimiento de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para revocar la licencia de la discoteca. También alega VOX que no todos los informes técnicos eran favorables, como aseguran los investigados, pues el criterio del entonces director de Urbanismo era contrario a la actuación.

"Los investigados votaron a sabiendas de la injusticia de aquella licencia de ampliación de usos y horarios", pues -continúa en el escrito- "intervenían activamente en la política municipal y habían otorgado numerosas licencias de obras y de actividad".

Respecto a la concejal Telesfora Ruiz, esta parte acusadora también ha recordado a la juez que en el transcurso de estas diligencias de investigación han salido a la luz los vínculos laborales de su hijo con las empresas de García Arrabal, que era el concesionario de la discoteca.

Después de la presentación de este escrito, la defensa del empresario García Arrabal envió una petición a la juez para que deje a VOX fuera de la causa, al atribuirle una suerte de complicidad con algunos de los testigos de cargo, que son funcionarios del Ayuntamiento de la capital. El letrado de VOX también ha contestado a esta pretensión, que considera un intento de eliminar a la parte que, junto a la Fiscalía, está llevando el peso de la acusación.