Víctor Sánchez defiende un cambio de uso que legalizará el futuro PGOU

  • El alcalde de Atarfe declara ante el juez por una modificación que obligó a construir un colegio en el patio del instituto al haberse vendido el equipamiento a una empresa

El alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), defendió ayer ante el juez de instrucción que investiga una presunta modificación irregular del uso urbanístico del suelo para reducir zonas verdes y de equipamiento su actuación en el asunto y dijo que el interés del municipio no se ha visto perjudicado.

Su declaración en el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que duró unas dos horas, se produce tras las diligencias abiertas por la Fiscalía a raíz de una denuncia de IU y grupos conservacionistas.

La investigación se refiere a un posible incumplimiento de las normas subsidiarias vigentes después de que el alcalde hubiera suscrito un convenio urbanístico con la empresa Fofinan a la espera de que lo pactado en el acuerdo fuera ratificado en el futuro PGOU.

Se habría vendido a dicha empresa la totalidad de la zona de equipamiento de la UE-R-10, junto al instituto Ilíberis, modificándose el uso de equipamiento docente al de equipación sin especificar, según la denuncia dada a conocer hace un año por IU.

Como consecuencia de lo expuesto, hubo que edificar un colegio en el patio del instituto al haber sido vendido el equipamiento a la citada empresa.

El alcalde utilizó supuestamente el estudio de detalle para la modificación de las zonas verdes y de equipamiento.

Sánchez dijo ayer a los periodistas que el convenio urbanístico origen de la investigación no entrará en vigor hasta que la Junta apruebe definitivamente el plan general, por lo que "la situación es exactamente igual que hace tres años", cuando se formalizó el acuerdo.

"Yo propongo una modificación del planeamiento pero quien aprueba definitivamente -el plan- es la Junta, y si al final Junta no lo acepta, la cosa quedaría exactamente igual", explicó Sánchez, para quien las denuncias dirigidas contra él en éste y otros asuntos urbanísticos forman parte de "la judicialización de la vida política por parte de algunos que no son capaces de dar la cara ni proponer alternativas".

Esta declaración se produce después de que la Fiscalía lo denunciara el jueves por un delito contra la ordenación del territorio al permitir la construcción de una nave comercial en suelo no urbanizable y tratar de consolidar esa actuación en el nuevo PGOU extendiendo el límite urbano a una zona de alto valor productivo recogida como tal en el Potaug.

Al respecto, el alcalde consideró ayer que esta denuncia se debe a una "confusión" de la Fiscalía, al precisar que los suelos declarados de valor productivo, como es el caso, están destinados precisamente a la instalación de industrias y naves como la permitida allí por el Ayuntamiento

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