Hace unos días en este y en otros medios, imputados en el presunto caso de las Audioguías de la Alhambra han manifestado su opiniones sobre el conflicto entre la presunción de inocencia y la libertad de expresión, vulnerando ésta el derecho fundamental a la presunción de inocencia de todo imputado y acusado mientras no haya sentencia.

Como imputados durante doce años por el llamado caso Alhambra, el presunto fraude en el acceso al monumento, sabemos los efectos que sobre el honor, la dignidad, el prestigio profesional y la pesada carga personal y familiar produce la imputación en un caso mediático y no podemos más que refrendar todas y cada una de estas palabras.

Sin embargo, apreciamos en este vuelco del destino una especie de justicia universal. Nosotros, al igual que los imputados en el caso de las Audioguías, pensamos que no sólo son responsables aquellos que asumen la autoría de la información, sino todos aquellos que sobrepasaron el umbral de ser meros denunciantes, meros tramitadores, para formar parte del circo informativo.

Desconocemos en su caso la veracidad de lo vertido en la prensa, si la información es parcial o completa, pero determinar su trascendencia penal compete exclusivamente al ámbito judicial. Por ello, y aunque de las relaciones de parentesco de los adjudicatarios de contratas y contratos tan aireadas da fe el registro civil, y aunque moralmente nos parezcan inapropiadas, creemos –a diferencia de ellos– que para cualquier imputado, el derecho a la presunción de inocencia ha de prevalecer sobre cualquier otro. Nosotros respetamos y no hacemos comentario público alguno, esperando la evolución judicial, a pesar de conocer y padecer de primera mano cómo funcionaba el Patronato con sus antiguos responsables.

Y lo hacemos además de por respeto a las decisiones judiciales, porque conocemos cuánto duelen estos juicios paralelos y cómo hunden sin remedio el honor y dignidad de aquellos que son imputados en casos de interés público. Pero, a la vista sus reflexiones, no podemos dejar de manifestar cuán distinta fue entonces la actitud de los antiguos responsables del Patronato, frente al respeto de nuestro derecho a la presunción de inocencia, derecho que hoy de forma pública reclaman.

Tal vez, ahora desde su condición de imputados, hayan reflexionado acerca de su comportamiento, de cómo conculcaron nuestro derecho a la presunción de inocencia cuando, sin tener ninguna prueba más allá de meras especulaciones, de dimes y diretes familiares, violaban el que ahora califican como "natural secreto del sumario" convocando ruedas de prensa multitudinarias en las que daban como cierto y probado la existencia de un millonario fraude en el acceso la Alhambra y daban por cierta la existencia una trama dirigida por determinadas empresas, guías turísticos y trabajadores para emitir entradas falsas al monumento... Y ello, sin haber encontrado ni entonces, ni ahora, tras 12 años de investigación, una sola entrada falsa.

Qué opinión les merece ahora haber llamado a todos esos trabajadores públicamente en televisiones locales "manzanas podridas que había que sacar del cesto". Valoren los lectores el respeto que tenían entonces los responsables del Patronato al derecho a la presunción de inocencia que, cuando se trata de su honor mancillado, sí les parece inconculcable.

Hubiera sido, como ahora predican, más ecuánime y más respetuoso con los derechos consagrados en nuestra Constitución mantenerse al margen del circo mediático. Pero, al igual que ellos hoy públicamente opinan de otros, entonces les era política y profesionalmente más rentable acaparar portadas, minutos de informativos para escalar puestos políticos y administrativos, aunque eso conllevara un ataque feroz al consagrado derecho a la presunción de inocencia de otros.

¿Qué opinión tienen ahora desde su condición de imputadas el haber promovido el desprestigio profesional de agentes turísticos, guías y trabajadores ganado con muchas horas y años de trabajo? ¿Desde su condición de dimitidos, les parece ahora injusta la decisión de abrir expedientes sancionadores y ordenar durante mas de 10 años el cese de funciones por el mero hecho de estar investigados en un caso penal? Porque, según sus propias manifestaciones voluntarias a la prensa, no podía ponerse al zorro a cuidar de las gallinas. ¿Es que acaso esa presunción de inocencia sólo actúa para los funcionarios de alto rango? Surgen inevitablemente estas reflexiones en las cabezas de todos los imputados en el caso Alhambra con la lectura de sus manifiestos.

Conocemos qué han debido sentir cuando su larga trayectoria laboral, su extensa relación con el puesto y el monumento, es ahora no sólo denostada sino indiciaria de la existencia de una red, de una organización. Lo sabemos porque las antiguas responsables del Patronato argumentaron, como indicio inequívoco de trama, nuestra larga experiencia y vinculación laboral al monumento, incluso de generaciones y las relaciones humanas de amistad entre nosotros.

Cierto es que han dedicado, como nosotros, muchas más horas de las debidas a sus trabajo. Ahora, sin vulnerar ya el debido "secreto natural" del sumario, tras la fase de vista oral y pública, podemos decir que hemos oído de boca de testigos que en el Patronato no se movía ni un solo papel sin que ustedes lo supieran. Se ha hecho público también que muchas de estas horas las dedicaron a redactar y firmar informes… múltiples informes teóricos que, a falta de pruebas de relevancia penal, acreditaran existencia del fraude que ya habían publicitado. Y ninguno, repetimos ninguno de los cuales, una vez puestos de manifiesto por las defensas sus graves incoherencias y errores han sido ratificados en el Juicio por las antiguas responsables del Patronato pero que sí se filtraron a los medios de comunicación y se dieron como ciertos. ¿A qué condición de proscritos nos elevó este exceso de "celo profesional"?

Y más aún, también que muchas de estas horas las pudieron dedicar a confeccionar y firmar documentos creados de forma extempórea y ad hoc con rúbricas calcadas, documentos que fueron aportados para acreditar un fraude que todos los acusados y testigos han negado.

Y decimos todos los acusados, porque, incluso aquellos que como bien recogió la prensa firmaron su conformidad, lo hicieron sólo para eludir su exposición y la de sus familias durante 3 meses a un juicio mediático.

Afortunadamente, otros sí nos expusimos una vez más, y en nuestra confianza mantenida durante 12 años en la Justicia –que permanece intacta–, encontraron su oportunidad para declarar su inocencia y cuáles habían sido las verdaderas razones de su pacto con la fiscalía. Aunque, al contrario que de su conformidad, no se hiciera eco la prensa.

A diferencia de los ahora investigados, los antiguos dirigentes del Patronato, nosotros hemos permanecido durante doce años callados, no mansamente callados, no por comodidad, no por saber que no cambiaría nada, sino porque la prensa, al no haber sido nunca personajes de relieve público, no nos ha prestado su púlpito para propugnar nuestro derecho a la presunción de inocencia y aún al momento de redactar este escrito no sabemos si verá la luz.

Nos hemos mantenido callados, convencidos de que sólo la fase de juicio oral, sin filtraciones sesgadas, pondría de relieve públicamente –y ello sería recogido por los medios– lo que vulneraron todos, nuestro derecho a la presunción de inocencia.

En esto último hemos errado, pues incluso en la fase de vista oral la prensa sólo se hace eco de las acusaciones, pero no de las muchas contradicciones puestas de manifiesto brillantemente por las defensas y por los propios testigos de la acusación en la mayoría de los casos, porque sólo permanecían en la sala el tiempo de actuación de las acusaciones, pública y privada.

Que la defensa de la inocencia no suscite el interés público provoca la dejación del deber de informar de la prensa y es ahí donde encuentra amparo el derecho a la privacidad y al honor de los "denunciantes voluntarios", los estómagos agradecidos, los trepas, los resentidos, actores siempre presentes en todo macro-juicio, cuya dignidad y honorabilidad permanecen públicamente intactas, aunque su denuncia esté falseada y construida de forma que, una vez vertida y cernida sobre ti la sospecha, ningún medio ofrecerá no ya una disculpa publica, ni siquiera el derecho al conocimiento de los argumentos de defensa.

Estamos convencidos de que se impartirá Justicia.

Firmantes del documento:

Rosa María Sánchez Ruiz, Adolfo Sánchez Pérez, Enrique Archilla Pastor, Vicente Velasco Cisneros, Manuela Benítez Arévalo, Teresa Torres Díaz De Benito, Roque Molina Expósito, Joaquín Morales Molina, Vicente Julio Garcia Marín, Diego Galindo Saeta, Auxiliadora Márquez Fernandez, Elena Laguna García del Moral, Inmaculada Carrasco Correa, Antonio Samos Oliva, José Domingo Jiménez, Juan Robles, Javier Rodríguez Jiménez, Antonio Moreno López, Eduardo Rodríguez Bolívar, Belén Castillo Díaz, Joaquina I.C Díaz Hernández, Paco Castillo Jiménez, Jesús Falero López, Antonio Medina Quero, Miguel Campos Garcia, Elías Berbel, José Montes Plata, Maria Carreño Romero, Francisca Garcia Gil