El decano de los abogados granadinos, Eduardo Torres, reiteró ayer que la decisión de la junta de Andalucía de reducir del número de abogados en turno de oficio de 23 a 18 para toda la provincia de Granada "provocará que el servicio no se pueda prestar correctamente a la ciudadanía". "Si la Consejería de Gobernación y Justicia ralentiza nuestra labor y el adecuado desempeño de nuestras funciones, tendremos que medir cual será nuestra respuesta. En otros colegios como los de Madrid o Las Palmas ya han decidido acudir a la huelga y en Granada no descartamos absolutamente nada", aseguró.

Torres afirmó que "eliminar 5 abogados al día para la provincia de Granada supone una reducción de en torno al 25%, la mayor efectuada por la Junta en toda Andalucía". Según el decano, en las otras provincias donde se han retirado letrados de oficio "sólo han recortado uno o dos, pero en Granada, 5 de golpe. Es una auténtica barbaridad".

Desde el Colegio de Abogados de Granada denuncian que, con esta medida, la Junta de Andalucía impide que a los detenidos se les preste un servicio correcto "constitucionalmente", ya que nuestra Carta Magna establece que "la detención preventiva durará el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos". El colegio asegura que "esta disminución conlleva un retraso en la rapidez con la que habitualmente se atendían las peticiones de asistencia al detenido, ya que el volumen de intervenciones obligará a cada profesional de guardia a hacerse cargo de un mayor número de asuntos".

El decano, además lo ejemplifica con un caso concreto. "Si un abogado de guardia en Granada tiene que viajar 72 kilómetros para prestar asistencia en Guadahortuna, los detenidos que estén esperando que regrese para ser atendidos en Granada, o en otros puntos del partido judicial de la capital, tendrán que esperar mucho más tiempo del absolutamente necesario que exige la Constitución", explicó Torres. "Lo mismo ocurre con el resto de partidos judiciales de la provincia", agregó.

La Junta de Andalucía se justificó ante este recorte el pasado viernes, alegando que la reducción de cinco guardias al día "se debe a la disminución del número de actuaciones realizadas en el ejercicio anterior". Además, aseguraron que esta medida fue aceptada por los representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en una reunión con la Consejería de Gobernación y Justicia mantenida el 26 de noviembre de 2010.

Sin embargo, el decano granadino aseguró que "ni los casos asistidos de oficio en Granada han disminuido", "ni el colegio granadino ha accedido a la reducción de abogados". Según Torres, "la Junta se basa en el recuento de los partes de actuación que cada abogado debía presentar obligatoriamente hasta 2009 tras cada asistencia". "En 2010, no era necesario justificar cada actuación, ya que los compañeros cobraban por guardia efectuada. Así se dejaron de justificar más de 3.000 asistencias, que, por otra parte, son fácilmente demostrables a través de multitud de procesos de control a los que los letrados se someten", afirmó el decano.

Además, Eduardo Torres aseguró que en ningún momento "pactaron" con la consejería de Gobernación y Justicia una reducción que "perjudicaría a un servicio básico, restando rapidez e inmediatez y dificultando la labor de los letrados". "El Gobierno andaluz nos remitió un borrador de su plan en diciembre de 2010 e inmediatamente enviamos un escrito de impugnación, ampliamente documentado y justificado, negándonos a aceptar tal medida", informó el decano.

Sin embargo, desde el colegio granadino afirman que nunca obtuvieron respuesta de la Consejería de Justicia, hasta que publicó la citada reducción en el BOJA del pasado 29 de marzo.

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