El Colegio de Abogados de Granada decidió ayer en su Junta General Extraordinaria suspender el servicio de turno de oficio y no realizar designaciones de letrados hasta que la Junta de Andalucía cumpla con lo que les adeuda económicamente y con los medios personales y materiales. También acordó suspender la asistencia al detenido los martes (de 10:00 a 14:00 horas).

El decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres González-Boza, manifestó que el servicio de asistencia jurídica gratuita -que comprende la atención a los detenidos y el turno de oficio o defensa de las personas que carecen de medios económicos- es prestado por los abogados granadinos "de forma profesional e impecable, siendo muy escasas las quejas de los justiciables".

Incidió en este aspecto al recordar que durante el años 2010 el Colegio de Abogados de Granada atendió 18.483 asuntos del turno de oficio y prestó 22.434 asistencias a detenidos, "con el esfuerzo organizativo y de trabajo profesional que implica".

Apuntó que a fecha de ayer la Junta de Andalucía solo ha abonado el 25% de la totalidad de los gastos que representa el funcionamiento y gestión de la asistencia jurídica gratuita de este año, "lo que coloca al Colegio de Abogados en un auténtico problema presupuestario al tener que asumir estos costes".

Este colectivo subrayó que se ha visto obligado a adoptar este acuerdo al no cumplirse las reivindicaciones que tradicionalmente tienen los abogados.

Demanda un aumento del número de abogados asignados diariamente a la asistencia al detenido, "con arreglo a lo establecido y, en cualquier caso, como mínimo, a los que estaban fijados en 2010 (23 letrados diarios)".

Tambié quiere un reconocimiento de la asistencia sanitaria y la suscripción de un seguro de accidentes que cubra las eventualidades que se puedan producir durante el servicio y que se adecuen las sedes judiciales "con medios materiales suficientes, dignos y con la privacidad necesaria que permita desarrollar el trabajo en igualdad de condiciones con el Fiscal".

Los abogados pretenden que se consideren las ejecuciones civiles y penales como procedimientos independientes y no derivados del que traen causa y que se revise y controle el sistema de concesión del beneficio de justicia gratuita para evitar los fraudes actuales.

Tres puntos se centran en el abono puntual al Colegio por el servicio, en el pago de las retribuciones a los letrados por asuntos finalizados y a trimestres vencidos con un incremento para acercarlas a los precios del mercado, en ponerse al día en las actuaciones "necesarias y efectivas" realizadas en defensa del justiciable y en el abono de los suplidos y otros gastos que ocasiona la defensa del justiciable.