La casa de acogida sin licencia de Otura recibió ayudas de 600.000 euros

  • La Junta concedió varias subvenciones a la entidad desde 2006 pese a no contar con el permiso municipal de actividad

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Pese a no haber cumplido el trámite básico de obtener la licencia municipal de apertura, la Asociación Eleva Apromen, que gestiona dos residencias para menores inmigrantes concertadas con la Junta desde 2006, recibió subvenciones que suman un total de más de 600.000 euros. Así lo reflejan las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y así lo denuncian en un comunicado los vecinos de la Urbanización Los Girasoles de Otura, donde se encuentra la casa de acogida que fue suspendida cautelarmente por el Ayuntamiento del municipio la semana pasada.

"¿Cómo la Junta de Andalucía concede unas subvenciones millonarias a una sociedad que no tiene licencia para ejercer la actividad para la cual se le concede la subvención?", se cuestionan los vecinos, que piden que se abra una inspección sobre la concesión, justificación y uso de las ayudas económicas. Parte de ese dinero, afirman, fue destinado a unas obras ilegales, que motivaron, junto con la carencia de licencia de apertura, la decisión del Ayuntamiento de solicitar la suspensión cautelar. El Consistorio señaló que los trabajos realizados no cumplen la legalidad urbanística del municipio.

En noviembre de 2006 la asociación ya recibió una aportación de 147.000 euros para la gestión del servicio público de acogimiento residencial de menores inmigrantes. Asimismo, en 2007 y en 2008 se concedieron sendas subvenciones, de más de 240.000 euros cada una, con el mismo motivo, a las que habría que añadir otras ayudas para fines más específicos, como 10.000 euros para mobiliario, electrodomésticos y material informático y 8.000 euros para equipamiento de dormitorios.

Además de esto, los vecinos hacen hincapié en lo que consideran una falta de atención a los residentes y recuerdan la existencia de denuncias presentadas ante la Guardia Civil y la Policía local por supuestas faltas o delitos cometidos por los menores acogidos, extremo confirmado por el Ayuntamiento. Esto demuestra, a juicio de los vecinos que no se está logrando la inserción social que se persigue. "No estamos en contra de casas de acogida", aclaran. "Hagamos inserción social, pero hagámosla bien, con residencias que cumplan todas las normas urbanísticas y exigencias de convivencia, de seguridad y de confort, como si se tratara de nuestros propios hijos. Concedamos estas residencias a personas o sociedades con la formación idónea y los medios necesarios para el fin que se persigue e inspeccionemos y exijamos unos resultados mínimos de inserción social".

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