El equipo de Gobierno buscará hoy el acuerdo de los integrantes del Consejo de Administración de Emucesa para llevar los presuntos contratos 'fantasma' firmados en la etapa popular ante la justicia. Una maniobra que la oposición -salvo el PP- no solo valoran positivamente si no que exigen para esclarecer la contratación de seis personas a las que se atribuyen funciones de asesoría de proyectos y asesoría de relaciones institucionales y medios de comunicación adjuntos al consejero delegado de las cuales solo una se conoce que ejerciera alguna función. "De las demás no se conoce ningún trabajo realizado ni han recibido instrucciones del director gerente".

Aunque se explora una vía penal por posible malversación de fondos públicos y un delito de prevaricación el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, abogó ayer por iniciar también dos caminos en la Seguridad Social y ante la Jurisdicción Civil. Según explica Puentedura desde el punto de vista laboral el Ayuntamiento debería llevar el caso ante la primera para que pueda imponer "medidas disciplinarias ante los daños ocasionados por estos contratos a la Seguridad Social".

Por otra parte, el edil apoyó que se acuda a la autoridad civil para exigir a quienes han ejercido como consejeros delegados durante ese tiempo el coste de estos contratos fantasma que asciende a 330.000 euros ya que se trata de un daño patrimonial a la ciudad. Sobre la supuesta prescripción en el caso del consejero delegado el portavoz de IU aconsejó obviar este hecho y llevarlo igualmente ante la Jurisdicción Civil. "Que sean los tribunales los que se pronuncie pero se le debe reclamar igualmente", remarcó Puentedura que también apoyan el procedimiento penal.