Granada

Una "administración paralela" con una "estructura piramidal"

  • La Policía divide a los implicados en tres grupos, la "cúspide", los funcionarios intermedios "conniventes" y los empresarios

Victoria Chamorro y Fabio Barcelona, su abogado, cuando acudieron a declarar ante el juez instructor. Victoria Chamorro y Fabio Barcelona, su abogado, cuando acudieron a declarar ante el juez instructor.

Victoria Chamorro y Fabio Barcelona, su abogado, cuando acudieron a declarar ante el juez instructor. / carlos gil

Una "administración paralela", gestionada por una "grupo criminal perfectamente organizado", en el que había una "estructura piramidal" y un "modus operandi" definido. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía, que ha asumido la investigación de este asunto, avanzó ayer algunas de las conclusiones de las pesquisas que ha estado realizando y documentando durante muchos meses.

A juicio de los investigadores, ese grupo organizado funcionaba desde una "cúspide" que estaría formada por los "máximos responsables del Patronato de la Alhambra y Generalife" durante aquellos años, que irían desde 2007 a 2015. Según fuentes del caso, en ese grupo enmarcan las decisiones adoptadas por la exdirectora María del Mar Villafranca, la que era secretaria general, Victoria Chamorro, y otro de los directivos, José María Visedo.

En un segundo nivel aparece, según la Policía, el "personal intermedio" del Patronato (los funcionarios) y "personal externo", relacionado con las empresas contratistas investigadas. Esas personas tendrían también un papel clave, pues serían "conniventes" y "conocedores de la ilegalidad de los contratos públicos adjudicados". Según las conclusiones policiales, estos investigados "sostienen y dan solvencia administrativa" a los procedimientos empleados, mediante la realización de informes técnicos y de valoración que darían la apariencia de legalidad. También les atribuye la Policía el visado y conforme de los pagos de las facturas presentadas. "Adjunta a dichas facturas figuran una serie de memorias justificativas de los trabajos realizados", aunque los investigadores sostienen que no se han llegado a ejecutar y que "no existe ni un solo documento, acta, informe que avale su realización real, correcta y efectiva", aunque esos trabajos sí fueron abonados por el Patronato de la Alhambra.

Destacan los instructores policiales que el organismo que gestiona la Alhambra hubiera asignado puestos de suma responsabilidad durante años a personas externas (adjudicatarias de contratos negociados), creando así esa "administración parelela".

El "modus operandi" de esa trama que describe la Policía sería la "adjudicación ilegal de contratos a empresas", que a su vez se "comprometían a contratar una red clientelar de trabajadores", que en la documentación y correos encontrados ellos mismos denominaban como "de la casa" y que, según la Policía, serían afines a la cúpula directiva de la Alhambra. Familiares y amigos son algunos de los investigados en este caso.

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