No sólo el alumnado es víctima de algún tipo de acoso e incluso de agresiones, sino que los docentes también son una parte afectada por determinadas conductas en algunos centros. La mayoría de episodios que arrastra el profesorado son acciones verbales, una circunstancia que ha denunciado recientemente la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (Apia) en un estudio. El informe concluye -según este colectivo- que la mayoría de las agresiones que viven las docentes son de carácter verbal, si bien muchas veces se combina con la física. Más del 50% de los varones señala que ha tenido compañeras que han sido agredidas verbalmente, frente al casi el 63% de las mismas profesoras que se han sentido víctimas. Añaden que "un elevadísimo 84% de las encuestadas ha experimentado alguna agresión, el 19 % de las cuales física y verbal simultáneamente". Otra de las conclusiones es que los agresores suelen ser en su mayoría los alumnos varones en primer lugar; en segundo, los alumnos y alumnas y sus progenitores, seguidos en tercer lugar por las alumnas en solitario.

Para Apia, buena parte de los insultos que padecen las docentes tienen un marcado carácter sexista y "si el hecho llega a trascender, el apoyo que recibe la víctima entre sus compañeros es grande, pero no así el de la Administración, a juzgar por las respuestas de los docentes", critica esta asociación. En su opinión, "nos encontramos ante uno de los más escandalosos modelos de violencia de géneros actuales. Lo más alarmante es que esta violencia contra las mujeres haya pasado a formar parte del paisaje de los institutos públicos andaluces desde el momento en que nuestra administración educativa lo ha considerado y tolerado como un mal menor".

El colectivo propone el establecimiento inmediato de planes de actuación eficaces en los centros educativos, ya que el actual protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente "se ha quedado anticuado". Piden igualmente protocolos de actuación en las Delegaciones Territoriales que competan al propio delegado y a la Inspección educativa, mediante los cuales se actúe de manera inmediata, estableciendo un contacto medible y verificable con los centros y las propias profesoras agredidas, y que se traduzca en una asistencia jurídica y psicológica.