El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), defendió ayeren la Audiencia Provincial la legalidad de la adjudicación de las obras en una rotonda de acceso a la localidad -hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel- la cual tramitó siguiendo el procedimiento que le indicaron los técnicos, y afirmó que el juicio responde a un "proceso político".

Gerardo Sánchez mantuvo en su declaración, por aproximadamente una hora ante el tribunal de la Sección Segunda, que "nadie, ni en el ámbito municipal ni en el ámbito de la empresa" mixta Armigesa, encargada de las obras, le "advierte de que no era la vía correcta para llevar a cabo la actuación", y que "hubiera sido ilógico hacerlo de otra manera" porque existía esta empresa constituida para la gestión de residuos y mantenimiento de jardinería y limpieza en el municipio granadino de Armilla.

Destaca que "el PP pretende conseguir en los tribunales lo que no consigue en las urnas"

La decisión de llevar a cabo las obras de remodelación y ajardinamiento las toma él "como impulsor de los temas municipales" pues la rotonda debía estar acondicionada "acorde a la entrada de una ciudad como Armilla"; y para activar el procedimiento reunió, como era habitual, a los responsables de Secretaría e Intervención así como a los jefes de servicios de Contratación y Urbanismo, y el arquitecto municipal quienes dieron el "visto bueno" al proyecto que ha supuesto el contrato "más grande de la historia" del municipio.

El fiscal también solicita en su escrito de acusación provisional 16 años de inhabilitación para el regidor y pide las mismas penas para el gerente de la empresa mixta Armigesa y para el jefe del área de Urbanismo, a los que atribuye los mismos delitos.

Sánchez, que indicó que sus "conocimientos jurídicos son básicos" -los que le "ha dado la experiencia" en sus años como cargo público-, resaltó que no hubo ningún comentario ni informe que le indicaran "eso no se puede hacer" o "eso hay que hacerlo de otra manera" y que, de haberlos habido, los habría atendido.

"Actué con toda la tranquilidad del mundo porque seguía todas las indicaciones" de los técnicos comenzando por la petición de permiso al propietario de los suelos, el Ministerio de Fomento, defendiendo además que el procedimiento fue el mismo que se siguió para otras obras como la de los jardines de entrada de la Base Área, si bien reconoció que fue "la primera vez" que se optó por financiar los trabajos con cargo a los dividendos del Ayuntamiento como socio de la empresa Armigesa que contemplaba en su "contrato matriz" esa posibilidad.

En declaraciones a los medios previas al inicio del juicio, Gerardo Sánchez expresó su confianza en la justicia y en ser absuelto, y recordó que el proceso parte de "una denuncia presentada en el año 2011 por el Partido Popular en la que pretende, simplemente, judicializar la vida política en Armilla y conseguir en estos tribunales lo que no se consigue en las urnas".

La causa fue archivada en su momento por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, pero se reabrió a raíz del recurso presentado por el PP de Armilla, partido del que partió la denuncia cuando estaba gobernando en el Ayuntamiento de la localidad.