Los alcaldes de 22 municipios de la comarca de los Montes Orientales constituyeron ayer una plataforma de apoyo a la construcción de la autovía Iznalloz-Darro, una obra sobre la que ahora planea la sombra de la duda porque pese a que en su momento la Junta acordó que se financiara mediante la colaboración entre la empresa pública y la privada, ahora se replantea esa opción, lo que previsiblemente se traducirá en un retraso en su construcción.

El escollo es el siguiente: en junio de 2011, la Junta, entonces gobernada exclusivamente por el PSOE, anunció que la autovía A-308 la construirían seis empresas agrupadas bajo la fórmula de Unión Temporal de Empresas (UTE) y con el nombre de Autovía de la Sierra de Arana S.A. De acuerdo con el contrato que firmaron con la Consejería de Obras Públicas, esta UTE adelantaría 180 millones de euros para su construcción y otros 140 para su conservación durante un periodo de 30 años.

Una vez que la obra se diera por finalizada, para lo que se dio un plazo de ejecución de 32 meses, la Junta empezaría a pagar. A partir del año 2015 abonaría, con cargo a los presupuestos autonómicos, 20,72 millones durante los siguientes 30 años. De esa forma, abonaría 621,6 millones de euros.

Los socialistas siguen en el Gobierno autonómico pero ahora tienen como socios a Izquierda Unida, que además está al frente de la Consejería de Fomento. Su titular, Elena Cortés, ya ha dicho en varias ocasiones que esa fórmula supone pagar el triple de lo que vale la obra y que eso es "una barbaridad".

Ahora, Fomento intenta convencer a esas seis empresas concesionarias que hagan la obra pero renunciando a financiarla por la fórmula público-privada y sustituyéndola por la concesión de un crédito. Así, destaca, se "optimizaría" el uso del dinero público. El riesgo es que de esa manera las empresas ganarían menos dinero del previsto y alguna podría verse tentada a reclamarle al Ejecutivo autonómico una indemnización por incumplimiento de contrato.

Dado el revuelo que ha causado este cambio de rumbo y esa supuesta contradicción entre lo que dicen unos y otros, los dos socios de gobierno se han apresurado a afirmar que la autovía es necesaria y que se hará, con independencia del modelo de financiación por el que se opte.

Pero los alcaldes de la zona están intranquilos, y se entiende. De ahí que ayer la Junta los intentara tranquilizar con una reunión a la que asistieron la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez (PSOE), y el responsable de Fomento en la provincia, Manuel Morales (IU).

"Hay un compromiso pactado y cerrado y lo que queremos es que su posible revisión no ponga en juego la revisión ni la retrase", manifestó María José Sánchez tras la reunión, mientras que Manuel Morales precisó que la obra no se ha paralizado puesto que las obras aún no han comenzado. Únicamente se puso una primera piedra, el pasado 11 de abril.

Los alcaldes, por ahora, no saben muy bien qué pensar. El regidor de Iznalloz y portavoz de la recién creada plataforma, Mariano Lorente (PSOE), dijo que el encuentro de ayer les tranquiliza, pero también que estarán "vigilantes" para que la Junta cumpla con su compromiso de ejecutar esta infraestructura "y en los plazos previstos", cosa esta última bastante improbable si se tiene en cuenta que aún no han comenzado los trabajos, que todavía no se han iniciado ni las expropiaciones, que su periodo de ejecución es de 32 meses y que ahora se abre un periodo de negociación del que es aventurado decir cuánto se prolongará.

La plataforma pedirá una reunión con la Consejería de Fomento para que les concrete tanto los plazos de la obra como la fórmula por la que se llevará a cabo la construcción, si con la financiación de empresas privadas, como se acordó en un principio, o con un crédito. "No entramos a valorar el sistema, lo que queremos es que se haga, porque es indispensable para el desarrollo de este territorio", recalcó Lorente.