El anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene entre sus principales aportaciones el de conferir en la toma de decisiones un papel protagonista a la mujer, que hasta ahora era "secundario", y el de favorecer la igualdad entre las autonomías, según una experta en Derecho Penal.

Esta consideración ha sido puesta de manifiesto por Patricia Laurenzo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, durante la conferencia sobre el tratamiento penal del aborto y su incidencia en la práctica médica que ha ofrecido hoy en el marco de unas jornadas celebradas en Granada sobre responsabilidad médica.

Laurenzo ha esgrimido esas aportaciones como motivos por los que, en su opinión, era necesario reformar la legislación al respecto.

En cuanto al primero, ha dicho que hasta ahora la mujer embarazada ha tenido un papel "absolutamente secundario" porque "primero decidía por ella el legislador y después el médico".

Esa circunstancia, ha dicho, tenía cierto sentido cuando se aprobó la ley del aborto de 1985 porque hasta entonces se había avanzado poco en cuanto a los derechos de autonomía de la mujer, situación que ha variado en los últimos años, según la catedrática, para quien la legislación actual "no se puede permitir" que en lo relacionado al aborto el papel de la mujer esté "relegado".

En cuanto al segundo motivo esgrimido, ha indicado que existe una "profunda" desigualdad geográfica entre las distintas autonomías respecto a las posibilidades de acceso al aborto, debido fundamentalmente a la "masiva objeción de conciencia" de los médicos de la salud pública, lo que corrobora el hecho de que el 98% de los abortos que se practican en España se realizan en clínicas privadas.

Mientras en algunas autonomías el sistema sanitario corre con los gastos de la interrupción voluntaria del embarazo cuando se practica en un centro privado porque alguno público se ha negado a llevarla a cabo, otras no, lo que provoca la desigualdad, según la catedrática.

Durante su intervención, Laurenzo se ha referido a algunos de los aspectos más "polémicos" del anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, como el de sacar el aborto del ámbito penal e incluirlo en una ley sobre salud sexual y reproductiva.

En su opinión, considerar el aborto un asunto de salud pública se justifica en el "imparable número de abortos" -más de 112.000 en 2007- que se está registrando en España, fundamentalmente entre jóvenes, por escasa información o mal uso de los anticonceptivos, e inmigrantes, por difícil acceso a estos.

De ahí que tenga "sentido asociar el aborto con estrategias de salud pública", según la catedrática, para quien si se quiere cambiar la tendencia en cuanto al número de abortos, es "imprescindible actuar en el ámbito de la educación sexual de los adolescentes".

También se ha referido a otro de los aspectos más discutidos del anteproyecto, el de permitir el aborto sin necesidad de alegar causa hasta la semana 14 del embarazo.

Al respecto ha considerado que no se trata del "aborto libre" porque se ejerce "un gran control" y se prevén requisitos previos para que la mujer disponga de la información necesaria a fin de que pueda tomar una decisión de manera "reflexiva".

Lo que en su opinión puede plantear "más problemas" es lo de permitir el aborto hasta la semana 22 en caso de graves anomalías fetales -también se establece este plazo para los casos en los que corre riesgo la vida o la salud de la mujer-.