El propietario del inmueble catalogado del Albaicín que se incendió la semana pasada culpó al Ayuntamiento de Granada de lo ocurrido porque "provocó" el abandono del edificio y la entrada de ocupas, y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para pedir indemnizaciones.

El dueño de la vivienda, Fernando Guijarro, aseguró que su intención siempre había sido rehabilitar el inmueble pero que el consistorio quería "inventarse una ruina donde no la había".

Así, afirmó que había apuntalado el edificio cuando el Ayuntamiento se lo requirió, aunque los servicios municipales entraron posteriormente "sin permiso" cuando él estaba de viaje y ahora pretenden cobrarle el trabajo.

"El Ayuntamiento me ha querido echar y yo siempre he querido rehabilitarla", indicó Guijarro, que usaba la vivienda como archivo de libros y recortes periodísticos. Indicó que antes de comprarla comprobó con arquitectos que la estructura del inmueble estaba bien y que después intentó arreglarla, aunque no pudo hacerlo por desavenencias con el propietario de la otra parte del inmueble.

Guijarro manifestó que su parte "no estaba en ruinas" y se quejó de que se hizo un informe "irregular" del arquitecto municipal para determinar la situación del edificio.

El propietario apuntó que además le colocaron un andamio de grandes dimensiones en la puerta y dos muros de hormigón, por lo que no podía sacar sus pertenencias de allí y además se facilitaba la entrada a los indigentes y ladrones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada aseguró que el propietario nunca colaboró en su rehabilitación. Respecto a las acusaciones del propietario de la vivienda, la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, explicó que el inmueble tiene una historia detrás de "requerimientos y desobediencias continuas".

Nieto aseguró que todas las intervenciones municipales en el inmueble tenían autorización judicial, ante la negativa del propietario, y el visto bueno de Cultura, ya que se trata de una vivienda catalogada.

Nieto señaló que el dueño del inmueble "nunca ha hecho nada" y que no tenía intención de rehabilitarla, negando así que hubiera apuntalado la estructura, tal y como él afirma.

Precisamente por estas desobediencias continuas, el Ayuntamiento adoptó un acuerdo de declaración de incumplimientos, que implica que pasaba a gestión de subasta pública, por lo que se hizo una primera actuación de emergencia y había previstas otras posteriores.