Los ayuntamientos "hacen caja" con las ordenanzas contra la prostitución

  • La mesa redonda sobre las Ordenanzas Municipales y la Prostitución critica la realidad de las normativas municipales que, lejos de ir a la raíz del problema, sólo son herramienta de recaudación para los consistorios

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A la guardia urbana de Barcelona le bastaron cuatro meses para poner más de 2.000 multas a las prostitutas que trabajan en las calles de la Ciudad Condal. A razón de 300 euros cada una la cuenta es sencilla. El Ayuntamiento se 'embolsó' 600.000 euros a costa de las trabajadoras del sexo. Lejos de buscar la "convivencia" como reza en la ordenanza de la ciudad, el resultado es que las prostitutas siguen en la calle, se han difuminado y "están siendo perseguidas por estas medidas sancionadoras".

La realidad es demoledora y así la contaron las asistentes a la mesa redonda sobre Ordenanzas Municipales y Prostitución que organizó la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía en colaboración con Acción en la Red. Las tres participantes coincidieron en que las ordenanzas que están funcionando o están surgiendo en numerosas ciudades como Castellón, Valencia, Ibiza, Bilbao o Cartagena coinciden en el uso de las sanciones como medida de convivencia "cuando realmente generan todo lo contrario y hacen distinciones entre el uso que de la vía pública pueden hacer unos ciudadanos y otros".

Cristina Fernández, autora de una de tesis que trata sobre las ordenanzas municipales en torno al ejercicio de la prostitución en España, tiene claro que las propuestas planteadas -entre ellas las de la capital- sólo perjudican a las trabajadoras. "En el caso de Barcelona, la prostitución en la calle se sigue ejerciendo y la ordenanza sólo ha logrado dos cosas: dispersar a las mujeres por toda la ciudad y, por otro lado, trasladarlas a carreteras o polígonos donde se encuentran más desprotegidas y con menos recursos, lo que precariza sus condiciones de trabajo", apunta.

Fernández, que es consciente que abordar esta realidad es una tarea más sencilla de lo que piensa, explica que el error de todas estas normativas siempre es el mismo: "nunca se habla con ellas y, en realidad, es una negociación en la que las trabajadoras del sexo tendrían mucho que decir y, sin embargo, se encuentran al margen". La experta recuerda que cuando se puso en marcha la ordenanza catalana -que es la que está sirviendo de base para la redacción de la granadina- se planteó un plan integral paralelo destinado a las prostitutas que buscaba "informarlas sobre sus derechos y ayudarlas a buscar una alternativa laboral". La idea que, en principio, puede parecer buena se quedó en nada porque "no estuvo acompañada de los recursos personales y económicos necesarios para atender a una población tan amplia y con tantas necesidades".

Por su parte, Estefanía Acién, trabajadora de APDHA y de Acción en Red, ironizó con el que una ordenanza que busca "la convivencia" no cuente con todos los ciudadanos, "porque ellas son iguales que aquellos vecinos a los que 'supuestamente' molestan". Reprocha que socialmente las prostitutas se encuentran estigmatizadas. Su compañera Cristina Fernández añadió que para la sociedad estas mujeres ni siquiera son reconocidas como víctimas -cuando se encuentran dentro de mafias - al contrario, las ven como personas incívicas o culpables por utilizar su cuerpo como su medio de trabajo. Planteado el problema, en la mesa se debatió cómo se podría llegar a un punto de acuerdo en el tema.

Y las ponentes pusieron sobre la mesa cuatro ideas: primero dejar claro que las medidas para abordar esta realidad no son generales sino específicas, "hay tantos casos como programas, por eso una normativa general puede que no tenga buen resultado". Segundo, lo bueno que sería realizar un trabajo de concienciación con la sociedad sobre estas trabajadoras y su profesión. Tercero, reconocer sus derechos y deberes como empleadas que son.

Y, por último y lo más importante, hablar con ellas. ¿Por qué? Básicamente, porque en Villaverde (Madrid) después de hacer hasta manifestaciones contra las prostitutas, el conflicto se solucionó cuando las asociaciones de vecinos fueron a pie de calle a hablar con ellas y les pidieron "por favor" que se trasladaran unos metros más allá. A veces las palabras solucionan más que los hechos.

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