Los nueve largos años que han pasado desde que estalló la crisis económica hasta que ha dado sus últimos coletazos se han saldado con casi 700 empresas y familias declaradas en concurso de acreedores. Desde 2008, el año en el que el tejido empresarial comenzó a vivir una pesadilla de la que todavía hoy no se ha despertado del todo, los juzgados granadinos han declarado 687 procesos concursales, de los que 613 corresponden a compañías y autónomos y 74 a personas físicas sin actividad empresarial, familias cuya situación económica les ha impedido saldar sus deudas, principalmente con las entidades financieras.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el pasado año 2017 Granada registró un total de 60 concursos (56 de empresas y 4 de particulares), una cifra que supone la estabilización de este tipo de fenómenos, pero no su mejora. En el año anterior, la provincia contabilizó 55 procesos concursales, cinco menos que este último ejercicio. Eso sí, la serie histórica del INE -que se remonta al año 2004, cuando entró en vigor la Ley Concursal y desaparecieron las figuras jurídicas de la quiebra y la suspensión de pagos- demuestra que la 'fiebre' concursal que amenazó al tejido empresarial granadino durante los peores años de la crisis ya ha remitido. En 2015, por ejemplo, se registraron 70 concursos de acreedores; en 2014 fueron 79; y en 2013 se alcanzó el máximo histórico, con 99 empresas sometidas a un procedimiento por el que dejan en manos del juez la administración de su deuda.

La mayoría de las firmas que entran en concurso tienen una década de antigüedad

Obviamente, las cifras del año pasado tienen otra interpretación: son menos concursos que los de los años precedentes, claro, pero también son muchos más que los que se registraban antes de que se asentara la recesión. En 2007, por ejemplo, apenas se contabilizaron en la provincia 6 concursos de acreedores; en 2006 fueron 3; en 2005, 5; y en 2004, cuatro. Es decir, que en el periodo comprendido entre 2004 y 2007 apenas 18 empresas granadinas iniciaron un proceso concursal, una cifra que representa menos de un tercio de las que se declararon en quiebra el pasado año.

Entre las empresas concursadas, las de la construcción y la industria siguen siendo las principales protagonistas. A lo largo de 2017 un total de nueve empresas relacionadas con el 'ladrillo' han puesto sus cuentas en manos de terceros, los administradores concursales nombrados por el juez. De ellas, siete se dedican a la construcción de edificios y a la promoción inmobiliaria; y dos están especializadas en otras actividades, como la obra civil.

En cuanto a las empresas concursadas del sector secundario, tres corresponden a actividades industriales de bienes intermedios; una a bienes de capital; otra a la construcción de bienes de consumo no duraderos; y otras dos se inscriben en el sector energético.

El comercio al por mayor también registró el año pasado 6 concursos de acreedores; una cifra similar a la de las actividades financieras y de seguros. Aunque menor, también hubo incidencia de esta realidad concursal en el sector de actividades administrativas (4 procesos), en el de la información y la comunicación (3), en el transporte (2), en la hostelería (otros dos) y en el sector inmobiliario (2).

Otro dato relevante que desvela la estadística del INE es que la experiencia o la trayectoria no evita los problemas a la hora de afrontar las deudas con proveedores, subcontratas y entidades financieras. La mayoría de las empresas concursadas en 2017 (39) tenían una trayectoria superior a los nueve años de antigüedad, y de ellas había 16 que contaban con dos décadas o más de trabajo a las espaldas. Las empresas 'nuevas' son minoría: apenas 8 compañías concursadas tenían una actividad de menos de cuatro años. El mayor peso de las empresas decanas en el número de concursos de acreedores es consecuencia del hecho de que son las compañías con mayor trayectoria las que, por una cuestión de tiempo, más deudas acumulan con entidades financieras y con proveedores.

Eso sí, son empresas veteranas pero con poco volumen de negocio. De las 56 empresas concursadas en 2017, 21 registraron una facturación de menos de 250.000 euros, mientras que 11 se situaron en el tramo entre los 250.000 euros y el medio millón. Solo siete empresas concursadas tenían un volumen de negocio superior al millón de euros.