En busca del rastro dejado por sociedades familiares

  • El informe tributario analiza los movimientos entre 2003 y 2005 de once empresas de personas afines a los imputados

El dialogo telefónico que mantienen los dos principales imputados en el caso Marchelo e intervenido por la Policía Nacional arrojó en su día sombras de duda sobre la estrecha relación que mantenían determinadas empresas vinculadas a familiares del ex alcalde del PP, José Guerrero, con el Ayuntamiento de Alhendín.

De ahí que el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, ordenara investigar a las diez sociedades vinculadas con el alcalde y sus familiares más cercanos, así como la que constituyó el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, para tramitar en un principio asuntos fiscales y, más tarde, prestar asesoramiento urbanístico a empresas que terminarían teniendo una relación directa con el Ayuntamiento.

En aquella escucha intervenida, el ex alcalde se quejaba del ritmo de pago del Ayuntamiento a empresas de sus familiares que llegaron a facturar en un año 600.000 euros.

De la información aportada ahora por la Agencia Tributaria de Granada no se deduce que haya habido un enriquecimiento ilícito. Tan sólo se reflejan los movimientos realizados por la empresa: una retahíla de números en frío que difícilmente arrojan pistas.

Lo que sí se constata es que los negocios familiares tocaban casi todos los palos: empresas de áridos, transporte y mercancías, inmobiliarias, materiales de construcción, promotoras de pisos...

Así, el ex primer edil ha formado parte de distintas sociedades aunque, con el tiempo, ha ido aportándose y dejando en manos de sus familiares las riendas de dichas empresas. El informe recoge que ha participado en las sociedades Antonio Guerrero Romero y Hermanos, Comercial Guerrero Sánchez, Comercializadora Coguesa, El Charcón 2004 SL, Inertes Guhilar SL, Inverjama 2006 SL, Novedades Alhendín SL y Transportes Hermanos Guerrero.

Entre los hechos que se investigan está, por ejemplo, un asunto relacionado con una planta asfáltica. Se cuestiona, en concreto, la licencia administrativa que el Ayuntamiento otorga a una de las empresas familiares para la instalación en suelo rústico de una planta asfáltica, previa declaración administrativa de interés público y pese a que un informe de la Consejería de Obras Públicas alude a la incompatibilidad de usos.

También está el caso de la solicitud de licencia de nave agrícola en un suelo no urbanizable tramitado por la vía de declaración de interés público a instancia de la empresa Aceites la Purísima Hermanos Guerrero.

Por su parte, Manuel Fernández ha sido partícipe de Morafer 2005 SL y Promociones y Edificaciones Alhendín SA.

Demasiados negocios para personas que tuvieron la responsabilidad ,en su momento, de gestionar los intereses del municipio frente a los particulares.

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