El Ayuntamiento de Granada tiene en su plantilla a 128 funcionarios adscritos al grupo E. En esta categoría profesional (la más baja del Ayuntamiento) se integran antiguos subalternos y ordenanzas que deberían pasar al grupo inmediato superior (C2) ya que su categoría profesional está abocada a la extinción. Este cambio, que supone una mejora sustancial en su sueldo, ya fue planteada por el actual equipo de gobierno a finales de 2016 tras un proceso de negociación con los sindicatos.

Entonces, el concejal responsable de Personal, Baldomero Oliver, anunció varios compromisos importantes para los trabajadores en el Ayuntamiento de Granada. Entre esos compromisos estaba el abono del 50% de la paga extra que se debe a los funcionarios y el inicio del procedimiento para promocionar a los funcionarios del grupo E en el nuevo marco del plan de empleo que debía haberse puesto en marcha en mayo de 2016.

Ayer, ocho meses después, la comisión de Personal debería haber dado el visto bueno a dicho plan pero, a petición de IU, y con el apoyo de Ciudadanos y Vamos Granada se retiró el punto. Vaya por delante que todos los grupos mostraron su beneplácito para que se produzca la promoción de los funcionarios del grupo E. Las 'pegas' llegaron al entender estos tres grupos que la votación de dicha promoción no debería ir sujeta a otros expedientes menos claros como la creación de dos plazas de asesor técnico jurídico para reubicar a dos antiguos habilitados nacionales (el ex asesor de la junta de gobierno local y la que fuera secretaria municipal).

Francisco Puentedura, portavoz de IU en el Ayuntamiento, argumentó que sería más propio votar cada uno de los expedientes de forma separada, sobre todo para poder decir 'no' a la creación de las plazas de los habilitados nacionales. Dice Puentedura que antes de crear estos puestos deberían modificarse las bases de ejecución que regulan los sueldos de estas personas, de manera que se les elimine el complemento específico que tenían por ejecutar unas funciones que ahora no tienen. De esta forma se evitaría que sigan cobrando los más de 80.000 euros que ingresaban cuando desempeñaban estos puestos, de manera que este montante se vería reducido a la mitad.

Otro de los puntos que iba sujeto a la votación era la adecuación de los nuevos puestos directivos (coordinadores y directores generales), unos nombramientos que realizó el alcalde por decreto en virtud de la potestad que le otorga la ley y que actualmente están ejerciendo esta labor por una atribución temporal de funciones. Puentedura cree que no se le debe dar este cheque en blanco al equipo de gobierno y que es necesario saber cuando salga la convocatoria de estos puestos cuántos no son funcionarios y por qué.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Personal, Baldomero Oliver, lamentó ayer el retraso que este revés puede suponer a un expediente que afecta a un buen número de funcionarios y matizó varios asuntos. En primer lugar mostró su voluntad de modificar las bases de ejecución, pero recordó que este debate que ya se ha abierto no impediría que las dos personas habilitadas nacionales a las que hay que recolocar siguieran ganando el mismo sueldo ya que han generado unos derechos salariales que no se pueden tocar, algo con lo que discrepan los grupos de la oposición.

En cuanto a la elección de los puestos directivos por decreto del alcalde apuntó que éste es también otro debate al margen del expediente. Recordó que para cambiar el procedimiento es necesario cambiar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) "y este expediente solo pretende plasmar en el papel una realidad que ya existe". "Se trata de ajustar una plantilla a una situación real, al margen de que esa realidad deba ser modificada", opinó Oliver.

Por su parte, el concejal del PP, Juan Antonio Fuentes, reprochó al equipo de gobierno que se sentara con los sindicatos para negociar estas modificaciones en la plantilla pero no lo hiciera con los grupos de la oposición.