Granada

La capital se enfrenta al pago de 13 millones por un convenio de 1998

  • La Comisión de Valoraciones ha fijado esta cantidad para pagar por la expropiación a los actuales propietarios de unos terrenos que otro promotor cedió al Ayuntamiento sin ser de su propiedad

El Ayuntamiento de Granada está abocado a la que puede ser una de las mayores indemnizaciones económicas a las que ha tenido que hacer frente en su historia. La Comisión Provincial de Valoraciones ha fijado en 13 millones de euros la cantidad que tiene que pagar la capital a la empresa propietaria de unas parcelas de La Chana por la expropiación de esos terrenos, que ya había recibido el municipio hace años de manos de otro promotor que, al parecer, no era el verdadero propietario.

El 25 de julio de 2005, el Ayuntamiento recibió un escrito de Construcciones Vargas García en el que la empresa aseguraba ser propietaria de ocho parcelas con extensión total de 7.085 metros cuadrados que estaba calificada como zona de espacios libres, aunque con derechos para construir que el Ayuntamiento tendría que compensar económicamente. El propietario pedía 26 millones de euros.

A falta de respuesta del Ayuntamiento, la empresa se dirigió a la Comisión Provincial de Valoraciones, que inició expediente de expropiación forzosa (a petición del expropiado) y que ha concluido hace unos meses con la fijación de 13 millones de euros como contraprestación que tiene que abonar el Ayuntamiento. La empresa ya ha reclamado esta cantidad el municipio más un millón de euros de intereses.

Todo esto hizo que el actual equipo de gobierno municipal se pusiese a indagar el origen del caso, para lo que se encargó un informe al jefe del servicio jurídico.

El abogado reconoce en su escrito que le ha costado reconstruir la historia porque faltan documentos y, además, se encontraban dispersos. En cualquier caso, el tema se remonta a un convenio urbanístico firmado en 1998, en el que el promotor José Julián Romero se comprometía a ceder 15.475 metros cuadrados de terreno para espacios libres a cambio de concentrar toda la edificabilidad de la zona en otros 5.000 metros cuadrados, donde éste iba a construir un edificio (conocido como Penta) en la calle Sirena.

El edificio de viviendas fue construido con todos los permisos oportunos. Sin embargo, la cesión de los terrenos empezó a complicarse porque aparecieron otros propietarios, pero finalmente el Ayuntamiento aceptó el suelo en 2001, pese a que ya le constaba en Urbanismo el litigio con los otros propietarios.

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