Granada

La capital estudia hacer una normativa propia para regular los pisos turísticos

  • La Mesa contra la Competencia Desleal ha abordado ya crear una fórmula legal como la que ha desarrollado San Sebastián

  • La ciudad no tiene competencias directas en esta materia

La decisión pionera de Palma de Mallorca de prohibir las viviendas turísticas en edificios ha abierto el debate en el resto del país. La última gran capital en poner sobre la mesa esta cuestión ha sido Valencia, que pretende presentar una enmienda a la Ley del Turismo de su comunidad para limitar estos apartamentos a plantas bajas y primeros pisos y recuperar así el control sobre este tipo de alojamientos 'alternativos'. A nivel andaluz ha sido Sevilla la que ha tomado la iniciativa y ya ha planteado el desarrollo de una normativa propia que le permita tomar medidas como ha hecho San Sebastián. El alcalde de la capital hispalense, Juan Espadas (PSOE), manifestó recientemente su intención de limitar los pisos turísticos para que "no se coman a los hoteles". No obstante, la competencia no es municipal tras publicar la Junta hace dos años un decreto con una serie de criterios para legalizar el alquiler de este tipo de viviendas. En todo caso, los ayuntamientos de las ciudades más turísticas ya se están moviendo para encontrar fórmulas que les permitan una 'vigilancia' estos alojamientos. En concreto, la concejal de Turismo de Granada, Raquel Ruz, señala a este periódico que la iniciativa de hacer una regulación local es algo que ya se ha hablado en la Mesa contra la Competencia Desleal, aunque la propuesta la "tienen que analizar los servicios jurídicos".

La Concejalía de Urbanismo, que ya analiza los usos en el barrio, es la que tendría competencias para actuar sobre las viviendas turísticas ilegales. Pero, para ello, Ruz considera que se debe producir primero un cambio en la normativa autonómica que permita el desarrollo de esta normativa local. Mientras tanto, el Ayuntamiento aborda con la Universidad de Granada multitud de foros en el marco del laboratorio de ideas Labin centrado en buscar soluciones ante este problema de los pisos de alquiler pero también en la búsqueda de un modelo de turismo sostenible para la ciudad.

Sevilla ya ha iniciado los trámites para crear un marco propio que regule estos alojamientos

El sector achaca a las viviendas turísticas irregulares la responsabilidad de que la rentabilidad hotelera en Granada esté a la baja y haya desatado una 'guerra de precios' entre los hoteles de tres y cuatro estrellas. "A mí me preocupa especialmente por razones de seguridad pues, además de ser ilegales, no se identifica a las personas que se alojan. No existe un control por parte de Hacienda con la consiguiente repercusión que esto genera", apunta Raquel Ruz quien recuerda que Hacienda también podría ejercer un mayor control sobre la problemática de las viviendas turísticas ilegales, que proliferan especialmente en barrios como el Albaicín, el Realejo y el propio centro histórico.

Los hosteleros granadinos han pedido en varias ocasiones derogar el decreto de viviendas turísticas por considerar que es "laxo" con estos alojamientos 'alternativos' y que no ha servido para regularizar este tipo de alojamiento en destinos como Granada cada vez más presos del turismo masivo y descontrolado. Asimismo, en los últimos tiempos el sector ya ha denunciado que en la capital se han empezado a dar las primeras señales de turismofobia en los barrios más monumentales.

Por su parte, la Junta de Andalucía se ha limitado a asegurar que tiene las manos atadas en y que es el Gobierno central el que puede crear una normativa estatal para ayudar a los ayuntamientos. Así lo manifestó el la pasada semana el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, quien puso la pelota en el tejado del Ejecutivo y rechazó la posibilidad de que en las capitales andaluzas se estén dando problemas de "turismofobia". Lo que sí parece claro es el nacimiento de una nueva tendencia turística y urbanística, pues cada vez suben más las peticiones de registro de viviendas turísticas en Andalucía.

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