Granada

El cierre de la discoteca del Serrallo, en el tejado del Ayuntamiento

  • Seis meses después, la Audiencia deja sin efecto la orden de la jueza que investiga el caso

La orden judicial de cerrar la discoteca del Serrallo acaba de quedar sin efecto por un auto de la Audiencia Provincial que revoca esa decisión adoptada en diciembre de 2016 por la jueza que investiga este caso. Pero esto no significa que la instalación lúdica pueda abrir sus puertas sobre la marcha, pues el mismo fallo del tribunal insta al Ayuntamiento de la capital a asumir la responsabilidad del cierre si considera que debe mantenerse así.

La defensa de algunos de los insvestigados en este caso ya advirtió hace meses de que esa orden de cierre adoptada por la jueza como medida cautelar podría dar lugar a futuras reclamaciones económicas del actual propietario del negocio, como ha ocurrido en otro caso reciente, que es el Centro Comercial Nevada. La Junta ha sido condenada a pagar 167 millones de euros al promotor del edificio por haber instado la paralización de las obras durante una década. Esos imputados (entre los que están la exconcejal Isabel Nieto, y el que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente) sostenían en aquel recurso que la responsabilidad de cerrar la instalación corresponde al Ayuntamiento, como una decisión administrativa, por ser el responsable de la tramitación de las licencias.

Con similares argumentos se ha expresado ahora la Sección Primera de la Audiencia, que en su reciente auto explica que "es el propio Ayuntamiento quien tiene competencia para realizar lo que solicita del juzgado como medida cautelar".

La pelota queda, por tanto, en el alero del Ayuntamiento, cuyo gobierno socialista tiene previsto reunirse en los próximos días para valorar el auto y decidir con los asesores jurídicos qué hará respecto a este negocio que explota desde 2016 un empresario ajeno a la construcción del pabellón, cuya legalidad urbanística está en tela de juicio.

La investigación del caso Serrallo se inició en 2014 y desde entonces la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha imputado ya a 17 personas por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación o fraude. Entre ellos están el exalcalde José Torres Hurtado, gran parte del anterior gobierno municipal del PP, funcionarios y el empresario Roberto García Arrabal, que fue el constructor de un edificio para albergar una discoteca en unos terrenos públicos adjudicados por el Ayuntamiento para hacer un parque infantil.

La sociedad creada por este empresario y otras personas para explotar el negocio de ocio y restauración entró en concurso de acreedores al poco tiempo de comenzar la investigación judicial, lo que dio lugar a que el negocio de la discoteca saliera a subasta y fuese adquirido por una tercera persona, que es el empresario Abel Pizarro.

En verano de 2016, el nuevo propietario llegó a reabrir la discoteca por medio de un mecanismo administrativo que se llama declaración responsable (que es previo a la obtención de licencia definitiva), aunque nunca fue observado con buenos ojos por parte del nuevo gobierno municipal socialista. De ahí que pidiera a la jueza del caso que ordenara el cierre como medida cautelar, en el seno de la investigación judicial. La magistrada accedió y desde principios de 2017 el negocio está cerrado, pero el actual propietario alegó en la Audiencia, que ahora ha estimado parcialmente su recurso.

El auto recuerda que el perjudicado directo por esta medida, Abel Pizarro, no es investigado en esa causa judicial, pues no se le atribuye "la comisión de hecho delictivo alguno". Las posibles responsabilidades penales corresponderían en todo caso a quienes construyeron el edificio y a los que lo permitieron.

Dice la Audiencia que la adopción de una medida cautelar así "exige que aquel frente a quien se acuerda tenga, al menos, la condición de investigado".

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