En diciembre de 2015 -con las arcas municipales temblorosas- el entonces equipo de gobierno del PP anunciaba por sorpresa en un pleno su intención de poner al cobro una tasa turística a los viajeros que pernoctan en los hoteles de la ciudad. La idea, que funciona en algunas ciudades de España como Barcelona, Santiago de Compostela o Toledo se basa fundamentalmente en gravar con un euro por noche a los turistas que vienen de fuera. El dinero obtenido tendría un destino finalista: la promoción turística del sector y la rehabilitación del Albaicín.

La propuesta dio muchas vueltas. Enfadó al sector hotelero, generó controversia entre los grupos políticos y finalmente derivó en el reconocimiento de todas las partes de que el Ayuntamiento de Granada no tiene capacidad jurídica para aplicar este tipo de tasas, ya que las competencias de turismo son exclusivas de la Junta de Andalucía.

En el hipotético caso de que esta tasa se aplicara en el ámbito de la comunidad autónoma, el importe recaudado debería destinarse a la mejora y promoción del turismo, así como a la rehabilitación patrimonial. Además, lo recaudado debería ser distribuido entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos en la proporción que se acordara, algo que parece poco probable ya que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ya ha dicho por activa y por pasiva que no tiene intención de aplicar un gravamen sobre el turismo.

El escenario está claro para el portavoz del equipo de gobierno socialista, Baldomero Oliver. "Yo no puedo decidir este cobro, depende de la voluntad política de la Comunidad Autónoma", explica, tras afirmar que la única comunidad autónoma que está cobrando esta tasa es Cataluña a través de una ley que emana del Parlamento catalán.

Aún siendo así, el cobro de esta tasa no sería una prioridad para el nuevo equipo de gobierno. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a lo largo del año 2015 (el mejor ejercicio turístico de la historia de Granada) la capital registró 3,1 millones de pernoctaciones hotelera, lo que se traduciría con la aplicación de la tasa en 3,1 millones de euros.

Digamos que la cuantía, que además debe revertir en promoción turística y mejora patrimonial, no supondría un gran alivio en un océano de déficit que supera los 350 millones de euros.

"Para nosotros esto no es ahora una prioridad. Una prioridad es pedirle al nuevo presidente del Gobierno que atienda los problemas de financiación de los ayuntamientos de España", afirma el portavoz municipal y concejal de Economía y Hacienda, quien cree que es el momento de plantear una financiación propia para los ayuntamientos.

"No es cuestión de quitarle competencias a los ayuntamientos, es cuestión de dotarles de los recursos económicos para que podamos prestar a la ciudadanía todos los servicios necesarios. No hay que olvidar que somos la administración más cercana al ciudadano", relata el portavoz socialista.

"El dinero recaudado a través de una tasa turística sería finalista (es decir, solo puede utilizarse para promoción turística), así que a mí no me resuelve el problema de deuda que tengo con los proveedores ni con las grandes empresas que prestan los servicios de la ciudad como Rober o Inagra y con los que se mantienen deudas millonarias", apunta el responsable de las cuentas municipales en el Ayuntamiento.

Si tenemos en cuenta que la Junta de Andalucía sería la encargada de gestionar esta tasa habría que tener en cuenta que la administración se quedaría también con parte de este dinero así que llegaría todavía menos a la ciudad.

El sector hostelero cree que si la tasa fuera autonómica la situación sería algo diferente, pero el hecho de que Málaga o Sevilla no tengan ningún tipo de tasa y que Granada sí la tuviera, supondría una desventaja importante para la capital en relación a otras ciudades que no la tienen.