El escrito enviado al Juzgado del caso Serrallo por el concejal Francisco Ledesma coincide en su argumentación principal con las peticiones de archivo que también han remitido estos días otros ediles del PP procesados por este asunto. Dado que la Fiscalía ha decidido no acusarlos, todos ellos sostienen que no deberían ir a juicio por la voluntad en exclusiva de las acusaciones populares (en referencia de Vox y el empresario Tomás Olivo). Esgrimen la misma doctrina que Cristina de Borbón trató de hacer valer para no ir a juicio por el caso Noos, que es la del banquero Botín.

Tanto es los documentos presentados por Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz, María Francés y ahora Francisco Ledesma se señala que solo se enfrentan a las peticiones de cárcel (de 2 años y 2 años y medio) de las dos acusaciones populares. Pero no hacen mención de la acusación particular del denunciante original del caso, Juan Santiago Pineda, que también presentó el mes pasado un escrito de acusación en el que solicitaba penas de prisión de dos años de los concejales que participaron en la junta de gobierno de julio de 2012 para permitir las condiciones necesarias de la discoteca del Serrallo.

En el documento enviado a la jueza por el concejal Ledesma, éste sólo hace referencia al Ayuntamiento de Granada, como si fuera la única acusación particular del caso. Los letrados del Consistorio, al igual que la Fiscalía, no han hecho ninguna petición contra los ediles en su escrito, en el que sí reclaman cárcel para el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.

El resto de ediles sostienen que, en base a la doctrina Botín, que limitaba la acción de las acusaciones populares en solitario, ellos deberían ser apartados del caso. La Infanta alegó esto mismo, aunque en su caso no fue aceptado por la Audiencia de Palma y tuvo que ir a juicio.