Prácticamente tres de cada diez conductores de la capital no han pagado el impuesto que graba a los vehículos de tracción mecánica en el plazo voluntario. Según los datos ofrecidos por el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Mérida, algo más del 72% de los obligados a pasar por caja entre el 11 de marzo y el pasado 11 de mayo sí han hecho frente al pago de este tributo. El resto tendrá que hacer frente a un incómodo recargo y a los pertinentes intereses de demora.

Este porcentaje de impagos supone una mínima variación con respecto a los índices calculados del año pasado. En 2009, el 73% de los propietarios de vehículos de motor de la capital pagaron el impuesto conforme los plazos marcados por el Ayuntamiento de Granada.

Sin embargo, la situación del año pasado presentaba matizaciones con respecto a este 2010. En 2009, la industria automovilística sufrió un severo descenso en el número de ventas de vehículos, lo que, según afirmó el Ayuntamiento en su momento, pudo repercutir en que las arcas municipales dejaran de ingresar unos 50.000 euros. Poco después, el Gobierno estatal puso en marcha el Plan 2000E y los concesionarios de la provincia mejoraron considerablemente su balance comercial. De hecho, el pasado mes de mayo se vendió en Granada un 33% más que el mismo mes del año pasado.

De hecho, uno de los argumentos a los que se aferraron los concesionarios para pedir en su momento la prórroga de las subvenciones fue que el aumento en las ventas repercutía en las arcas de los ayuntamientos, que podían recaudar más gracias a las tasas.

Según la información ofrecida por Mérida, el Consistorio capitalino ha ingresado por este concepto durante los meses de marzo a mayo "de siete a ocho millones de euros". Sin embargo, desde el área que dirige Mérida estaba previsto que esta cantidad ascendiera hasta los doce millones, un montante "similar" al del año pasado, según admitió el concejal.

Aunque el desfase entre lo estimado por Economía y lo recaudado finalmente este año supone un montante que no llega a los cinco millones de euros,el índice de impagos no es alarmante, ya que todavía los conductores que no hayan pagado en plazo pueden pasar por caja, aunque con penalización, que varía en función del tiempo de demora.

Así, transcurrido el plazo de pago voluntario, los recibos que no han sido pagados, pasarán al procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, con los recargos, intereses de demora y costas reglamentarias que procedan.