Los constructores amenazan a la Junta con la vía judicial si no paga la deuda

  • La Asociación de Constructores y Promotores espera que parte del Fondo de Liquidez Autonómica se destine a pagar los 70 millones de euros que la Junta debe todavía a las empresas granadinas de obra pública

En un rescate mil millonario como el que se plantea pedir la Junta de Andalucía, que ayer anunció que acudirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con una petición de 4.096 millones de euros, 70 millones no son nada. Calderilla, podríamos decir. Pero claro, todo depende de a quién se le pregunte. 70 millones de euros puede no ser nada para la administración que los debe, pero desde luego es una inmensidad para las pequeñas y medianas empresas a las que se les adeudan. Después de meses de reclamaciones y protestas, las constructoras de obra pública de la provincia se encuentran entre la espada y la pared y no descartan acudir a la vía judicial para exigir los pagos que garantizarían su supervivencia.

Cuando el Gobierno central puso en marcha el plan de pago a proveedores, las constructoras granadinas creyeron tener solucionados gran parte de sus problemas. Pero claro, en el plan sólo se incluyeron aquellas deudas que estaban debidamente contabilizadas en las facturas de la administración, que sólo en Granada dejó fuera expedientes por valor de 70 millones de euros correspondientes a obras ejecutadas, terminadas, en uso y con certificación de conforme técnico, pero sin factura.

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada asegura que, hasta hace tres semanas, las 25 empresas del sector afectadas por esta situación aún tenían la esperanza de entrar en el segundo plan de pagos, pero que esta posibilidad se "desvaneció". Ahora la única salida que ven los constructores es que parte del rescate que se solicitará al FLA se destine a abonar esa deuda de obra pública, que en toda Andalucía asciende a 800 millones de euros. El problema es que por el momento la Junta de Andalucía no ha dicho nada sobre el pago a proveedores, por lo que desde la ACP se esperan lo peor.

De hecho, aunque no es ni mucho menos la solución ideal por motivos obvios -un pleito contra la administración no es plato del gusto de nadie-, una veintena de empresas de la construcción granadinas amenazan con acudir a la vía judicial para reclamar la deuda no reconocida en el plan de pagos. Durante el verano, buena parte de los afectados han enviado a la Junta de Andalucía reclamaciones individuales de la deuda contraída, en la que advierten de que si la administración no procede al abono de la cantidad reclamada, queda "libre y expedita la vía contencioso-administrativa". En caso de que no pague, advierten desde la ACP, la Junta de Andalucía podría verse en los tribunales a un mes vista.

El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Francisco Martínez Cañavate, explica que en toda Andalucía alrededor de un 10% de las empresas afectadas han acudido a las reclamaciones formales de deuda, pero que esto podría evitarse fácilmente si la Junta reconociera oficialmente la deuda, la cuantificara como corresponde y se comprometiera a un calendario de pagos responsable.

Porque, en este caso, cobrar es una cuestión de supervivencia. Antes, cuando había impagos pero también obra pública, las empresas podían 'tirar' con más o menos dificultades, pero ahora la situación es insostenible. "Si hay más obra, puedes compensar una cosa con otra. Pero si no te pagan y no hay obras nuevas, es muy complicado", indica Martínez Cañavate. El secretario general de los constructores granadinos asegura que, con la excepción de las obras del Metro -que están funcionando sin problema- y de las correspondientes al Plan OLA -"que no se está pagando"-, el sector de la obra pública ha entrado en una "parálisis" absoluta. Así que muchas de las empresas granadinas que dependen de las obras públicas para sobrevivir, están funcionando bajo mínimos, manteniendo una estructura laboral básica y rezando para que la administración decida pagar la deuda.

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